19 años de riego ilegal con 4.500 olivos: detenido un hombre en Cogollos Vega
Detenido un hombre de 53 años por regar 4.500 olivos con agua de un pozo ilegal durante 19 años en Cogollos Vega (Granada).
Un hombre de 53 años ha sido detenido por extraer agua de un pozo ilegal durante casi veinte años para regar olivos en Cogollos Vega (Granada). La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) lo acusa de presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de defraudación de fluido eléctrico.
La investigación empezó al detectar una captación de agua subterránea en el paraje 'Guindalera'. Tras comprobarlo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se confirmó que la instalación no tenía las autorizaciones administrativas necesarias. Además, el contador eléctrico había sido manipulado y puenteado para no registrar el consumo.
El agua llegaba a una balsa sin licencia, con capacidad estimada de 6.360 metros cúbicos, a través de unos 2.445 metros de tuberías subterráneas. Según la investigación, esa balsa permitía regar 16 parcelas con más de 4.500 olivos, algo que presuntamente se habría hecho de forma continuada durante 19 años. Las tuberías pasaban por el dominio público hidráulico y por caminos públicos, sin permisos municipales.
Los agentes también detectaron movimientos de tierras y roturación con maquinaria pesada que podrían haber afectado a vegetación forestal en parcelas cercanas, así como el encauzamiento no autorizado de un manantial natural. Según se recoge en la noticia, una extracción continuada de agua durante casi dos décadas puede haber alterado los acuíferos de la zona y secado arroyos y manantiales, con efectos sobre la flora y la fauna del entorno.
Por qué importa: el agua subterránea es un recurso compartido. Lo que se extrae de forma ilegal puede dejar sin agua a otros cultivos, a la naturaleza y a los vecinos que dependen de los mismos manantiales.
Las diligencias han sido remitidas al juzgado y a los organismos competentes, que deberán determinar las responsabilidades administrativas y valorar los daños causados.