Las organizaciones agrarias Asaja y COAG han lanzado un contundente mensaje desde las calles de Madrid, donde un nutrido grupo de agricultores y ganaderos, especialmente del sector andaluz, se ha congregado este lunes frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La protesta se ha convocado en oposición al acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur, y los líderes del sector han dejado claro que si este pacto avanza, la movilización actual será apenas "el principio" de una serie de acciones contundentes.

En el ámbito regional, Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía, ha expresado su preocupación por las implicaciones que tendría esta entrega de producciones al bloque mercosuriano, que abarca países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Con una superficie que supera los 15 millones de kilómetros cuadrados, estos países representan una competencia desmedida para los agricultores europeos. Según López, esto solo agravará las crisis económicas a las que el sector ya se enfrenta, dejando en claro que "no podremos resolver" la situación con el actual acuerdo.

El panorama para Andalucía, según López, es alarmante. La balanza comercial con los países de Mercosur presenta un saldo negativo que le cuesta anualmente más de 2.000 millones de euros. A lo que se añade que los costos de producción en estos países son considerablemente más bajos, lo que les permite contar con explotaciones agrícolas mucho más extensas. "Están en manos de fondos de inversión que son los que están exportando actualmente a Europa", ha resaltado. La cuestión es tan grave que el mismo López pronostica que en 2025 será necesario "salir a la calle y luchar".

A pesar de las quejas, las organizaciones agrarias no están en contra de establecer acuerdos internacionales, sino que critican el contenido del pacto logrado entre la UE y Mercosur, ya que consideran que generará una "competencia desleal" que perjudicará a los agricultores españoles.

Una de las preocupaciones más notables que han expresado estos trabajadores del campo es la falta de exigencias en términos de estándares sanitarios y fitosanitarios para los productos provenientes de los países de Mercosur, algo que sí se aplica rigurosamente a los productores de la UE. "Esto no es solo un problema de España, sino que es un asunto de toda Europa", recalcan los representantes agrarios.

Además de estas preocupaciones, los agricultores han vuelto a reiterar reivindicaciones planteadas en febrero en Madrid, las cuales no han tenido respuesta por parte del Ministerio. Temas críticos como los incrementos en los costos de producción y la gestión de los seguros agrarios permanecen sin atender.

En la misma línea, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha urgido a establecer condiciones de competencia niveladas, destacando que "Mercosur no respeta" estas reglas. "Lo que está prohibido en Europa, allí se permite producir", ha afirmado Barato con preocupación.

El líder agrario también ha comentado sobre la posibilidad de que naciones como Francia, Polonia o Irlanda puedan ejercer una "minoría de bloqueo" para frenar la implementación del acuerdo. Asimismo, ha demandado al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, que justifique las "bondades" de este pacto, ya que, según él, "por ningún lado" los agricultores y ganaderos pueden verlas.

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha manifestado su desilusión al pensar que la Comisión Europea tomaría un enfoque más favorable hacia la agricultura comunitaria. Se ha mostrado sorprendido al ver que el Gobierno español, junto al alemán, ha sido uno de los principales promotores del acuerdo, a pesar del peso significativo que la agricultura y ganadería tienen en España.

Padilla ha enfatizado que la normativa de la Unión Europea es "la más estricta del mundo", lo que plantea un dilema, dado que no se puede competir en igualdad de condiciones con los trabajadores agrarios de otros países. También ha mencionado la reciente anulación de acuerdos agrícolas y pesqueros entre Marruecos y la UE por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Finalmente, otra de las inquietudes planteadas por las organizaciones agrarias radica en la situación del lobo. Barato ha pedido una nueva gestión que excluya al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe), señalando que hay 25 países en Europa que están abogando por un enfoque diferente, mientras el Ministerio de Transición Ecológica parece ir en contra de los intereses de los ganaderos. "Se está dando la espalda a los que cuidan de las ovejas y las vacas", ha advertido Barato, resaltando la necesidad de un cambio urgente en la gestión.