ALMERÍA, 16 de diciembre. Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño que fue brutalmente asesinado en 2018 en Níjar (Almería), ha dado a conocer que la Audiencia Provincial de Almería ha rechazado el recurso presentado por su asesina, Ana Julia Quezada, el pasado octubre. Esta decisión judicial establece que cualquier ingreso económico de Quezada, así como pensiones o asignaciones que pudiera recibir, será embargado, puesto que ya percibe el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) dentro del centro penitenciario. Así, cualquier suma adicional deberá destinarse a reparar el daño causado a las víctimas y al cumplimiento de las responsabilidades económicas inicialmente fijadas, después de siete años sin que se hayan realizado los pagos correspondientes.

En un comunicado, Ramírez explicó que esta resolución implica la denegación del recurso planteado por la defensa de Quezada, al considerar que se satisfacen todas las necesidades básicas de la condenada en prisión. Por lo tanto, cualquier ingreso adicional deberá ser utilizado para cubrir la sanción impuesta. Es importante recordar que Quezada cumple con una pena de prisión permanente revisable como resultado del asesinato de Gabriel Cruz y enfrenta una indemnización de 500.000 euros que debe pagar a los padres de la víctima.

La sentencia emitida en septiembre de 2019 obligaba a Quezada a indemnizar con 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel por daños morales, además de enfrentar una cifra de 200.203 euros por los costos que generaron las extensas labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas tras la desaparición del menor.

En este sentido, Ramírez ha señalado que la Audiencia Provincial continúa su trabajo en la investigación de los bienes de Quezada en el extranjero, añadiendo que "aún estamos a la espera de una respuesta". Asimismo, manifestó su frustración por la falta de información a lo largo de estos siete años sobre la supuesta propiedad que la condenada tendría, que ha sido mencionada en informes policiales e incluso en un documental, entre otros indicios.

Con respecto a la decisión de la Audiencia sobre el embargo de los ingresos de Quezada, Ramírez expresó su expectativa de que el centro penitenciario empiece a ofrecer información sobre la situación de la condenada, incluyendo sus actividades laborales y las cantidades que se depositan en su peculio, buscando así proteger los derechos de las víctimas.

Ante este panorama, Ramírez ha anunciado que buscarán "todas las medidas posibles" para impedir que se repita la situación de escasos pagos —menos de 250 euros en siete años en concepto de responsabilidad civil—. También destacó que "este progreso, junto con la investigación actual sobre las supuestas amenazas que han sido calificadas de graves por la Fiscalía, me da motivos para confiar en que se están tomando en serio la protección de nuestros derechos y seguridad", concluyó Patricia Ramírez.