24h Andalucía.

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Amama se niega a entregar datos del cribado por razones de privacidad: “Los errores deben ser confirmados por el SAS”.

Amama se niega a entregar datos del cribado por razones de privacidad: “Los errores deben ser confirmados por el SAS”.

SEVILLA, 21 de noviembre.

La Asociación Amama ha hecho llegar una postura oficial al Servicio Andaluz de Salud (SAS), entidad bajo la tutela de la Consejería de Sanidad, tras recibir una solicitud que exigía información sobre mujeres que han sido lesionadas por errores en el cribado del cáncer de mama. La Junta de Andalucía intentaba así aclarar las discrepancias existentes en las cifras: mientras Amama reporta 4.000 casos, la administración local cifra el problema en 2.317 pacientes.

En su respuesta, Amama argumenta que “no puede, por mandato legal, proporcionar datos”. En el comunicado publicado en sus redes sociales, antes de que la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, diera una rueda de prensa, se enfatiza que “no pueden compartir información personal de salud sin el consentimiento explícito, informado y por escrito de sus asociadas”. Esto, subrayan, sería una grave violación de la normativa de protección de datos.

La asociación considera inesperada la solicitud, resaltando que es injusto que un organismo gubernamental pida datos confidenciales a una pequeña asociación, cuando dichos registros son manejados de manera exclusiva por la administración que lo solicita. Además, crítica a la Consejería por no asumir su responsabilidad en el asunto y por no dar explicaciones sobre la grave negligencia que ha conducido a muchas mujeres a desarrollar enfermedades severas.

“Es la administración sanitaria la que debería tener la información sobre las mujeres que no recibieron cita para pruebas complementarias tras resultados iniciales ‘no concluyentes’, así como de los retrasos y las consecuencias de estos,” sostiene la asociación, invocando la Ley de Procedimiento Común. Aseguran que esta normativa no establece ninguna obligación para las asociaciones de pacientes y que el SAS debe gestionar esta información de manera independiente.

El SAS había solicitado formalmente a Amama que, en un plazo de diez días hábiles, entregara cualquier información o testimonio relativo a las posibles incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Este requerimiento se produjo después de que Claverol informara sobre 25 denuncias de mujeres de Sevilla y Jaén, quienes han sido diagnosticadas con cáncer debido a la falta de comunicación en el programa de cribado.

La presidenta de Amama declaró que la asociación ha documentado más de mil casos de mujeres que ya enfrentan el cáncer de mama y están tomando acciones contra el SAS. Los casos incluyen 6 en Almería, 16 en Córdoba, 11 en Granada, 14 en Cádiz, 22 en Málaga, 13 en Jaén, 14 en Huelva y 189 en Sevilla. Claverol resaltó que la cifra de pacientes proporcionada por la Junta no es congruente con la realidad que están presenciando, afirmando que siguen recibiendo nuevos casos diariamente, ascendiendo a más de 4.000.

La Consejería ha informado que 217 mujeres todavía están pendientes de pruebas, con la promesa de realizar ecografías antes del 30 de noviembre. El SAS, al solicitar información, señaló que su objetivo es garantizar una revisión exhaustiva para cualquier caso que no haya sido detectado y así asegurar la salud pública, evitando malentendidos que puedan generar alarma social.

El escrito del SAS asegura que toda la información recibida será tratada con la máxima confidencialidad y destinada exclusivamente a investigaciones y mejoras en la atención sanitaria. Además, se hace hincapié en que las solicitudes son fruto de la claridad que la Junta busca para evitar la propagación de cifras negativas que podrían no ser verificadas.

Añadiendo más contexto, el SAS mencionó que en los últimos meses, Amama ha hecho públicas declaraciones sobre problemas en el programa de detección, sugiriendo que el número de mujeres desinformadas supera lo que ha reportado oficialmente la administración. El SAS, en representación de la administración pública, busca que se ajusten las cifras con datos confirmados, atendiendo tanto a su deber de colaboración como a la responsabilidad que tienen en la gestión de la salud pública en Andalucía.