En un contexto político candente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha arremetido contra lo que considera una maniobra dilatoria por parte del Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos presentados por 15 comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, contra la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024.

En declaraciones a la prensa en Jaén, Sanz mostró su sorpresa y desaprobación ante la decisión del TC de encargar un estudio sobre la viabilidad de los recursos presentados, con el propósito de determinar si dichos territorios tienen la legitimidad para impugnar la norma, según informó el diario 'El País' y confirmaron fuentes del TC a Europa Press.

El consejero andaluz criticó lo que considera una estrategia de dilación por parte del Tribunal Constitucional, calificándola como una "barbaridad jurídica" que pone en duda la legitimidad de las comunidades autónomas para impugnar una ley que, según él, afecta de manera significativa a las regiones que han presentado el recurso.

Ante la reacción del TC, Sanz señaló que la mayoría de las comunidades autónomas, incluida una gobernada por el PSOE, han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía, lo que demuestra un interés común y la necesidad de proteger los intereses de dichas regiones.

Asimismo, el consejero defendió que el recurso presentado por la Junta de Andalucía cuenta con bases jurídicas sólidas, respaldadas tanto por el dictamen del Gabinete Jurídico del Gobierno andaluz como por el Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano independiente de gran relevancia en el ámbito jurídico.

En este sentido, Sanz argumentó que la decisión del TC respecto a los recursos autonómicos contra la ley de amnistía es contradictoria y parece responder a intereses políticos, lo cual podría ralentizar una resolución clara por parte del tribunal.

El consejero expresó su preocupación por lo que considera un retroceso democrático y una amenaza a la seguridad jurídica en España, denunciando la falta de igualdad de oportunidades y la desconfianza creciente en el Estado de Derecho debido a la actuación del Gobierno de Sánchez.

Finalmente, Sanz anunció que desde la Junta de Andalucía analizarán detenidamente la decisión del TC y evaluarán si es posible presentar un recurso contra la misma, enfatizando la importancia de preservar la capacidad de las comunidades autónomas para recurrir ante el Tribunal Constitucional.