La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha considerado que la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para abordar el impacto de los pisos turísticos en la vivienda residencial es una simple "cortina de humo". Además, ha instado a reflexionar sobre la actual Ley de Vivienda, destacando su inconstitucionalidad al invadir competencias autonómicas.

Para la consejera, el problema de la vivienda proviene de la ley impulsada por Pedro Sánchez, que requiere una reflexión tranquila y amplia. Esta normativa fue elaborada sin consenso y a espaldas de las comunidades autónomas, generando la retirada de viviendas del mercado, según Díaz.

En opinión de la titular de Fomento, el Gobierno central ha sobrepasado sus competencias al intentar regular aspectos como la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, que corresponden a las comunidades autónomas. Destacando que el fallo de inconstitucionalidad cuenta con discrepancias de cuatro magistrados, que sugieren extender la declaración a otros preceptos.

Díaz ha destacado que Andalucía fue la primera en presentar un recurso contra la ley y que ahora hay otros siete pendientes de sentencia. Esta falta de diálogo ha llevado a que cada territorio tenga prioridades distintas en materia de vivienda, como es el caso de la Ley Andaluza que se distingue por su enfoque en la construcción de viviendas asequibles desde 2019.

En relación con las viviendas turísticas, la consejera ha solicitado una conferencia multisectorial con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para abordar conjuntamente esta cuestión. Destacó que Andalucía ya ha regulado la situación de las viviendas turísticas mediante un decreto que permite establecer limitaciones.

Por último, Rocío Díaz ha vuelto a pedir al Gobierno central que destine más recursos en materia de vivienda para que las comunidades autónomas continúen con la buena dinámica impulsada por los fondos europeos. Subrayando que es necesario comprometer más recursos y transferir partidas a las autonomías, que son las responsables en esta materia.