SEVILLA, 26 de septiembre. En un paso significativo hacia la justicia social, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha declarado hoy en el Parlamento autonómico que están en marcha esfuerzos para crear un protocolo unificado que priorice la concesión de permisos para funcionarios que cuenten con hijos diagnosticados con cáncer u otras enfermedades graves.

Durante una comisionada en la que se discutieron estos permisos, los partidos PSOE, Vox y PP manifestaron su preocupación por la inconsistencia en los criterios que han llevado, en múltiples ocasiones, a que estas cuestiones sean resueltas en los tribunales, donde se ha visto la necesidad de un fallo judicial para esclarecer el proceso.

Nieto resaltó que es imperativo contar con una regulación estatal clara que homogeneice estos permisos dentro del Estatuto Básico del Empleado Público. El representante andaluz afirmó que el actual Decreto que regula estas solicitudes ha aliviado, de forma sustancial, la carga sobre las familias, ya que la mayoría de las peticiones han sido atendidas favorablemente en tiempos razonables.

A pesar de esto, reconoció que hay espacio para la mejora en la implementación de la normativa, señalando que es fundamental evitar discrepancias entre los diferentes servicios de personal de la Administración y solucionar las incertidumbres relacionadas con los informes médicos y los ajustes en la jornada laboral. Por lo tanto, anunció que se están evaluando medidas para simplificar trámites y ofrecer formación continua a los equipos de personal.

“Esa es la razón por la que hemos mantenido reuniones con las familias, atendiendo a sus demandas y necesidades”, afirmó Nieto, quien subrayó que la variabilidad de las decisiones es uno de los principales desafíos que se enfrentan, lo que justifica la solicitud de una regulación clara al Ministerio del ramo y su intención de reiterar esta petición en la Conferencia Sectorial, dada la actual falta de seguridad jurídica.

Simultáneamente, la Secretaría General de Administración Pública está considerando estrategias para garantizar un sistema más eficiente y equitativo. Esto incluye la implementación de un formulario único para solicitudes y certificaciones médicas, la mejora en la coordinación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para acelerar la obtención de informes médicos, y la definición de plazos máximos de respuesta y evaluación periódica. También se prevé un programa de formación para unificar criterios entre los servicios de personal.

El plan de formación que se contempla abordará una serie de aspectos clave, tales como normativas vigentes, protección de datos y procedimientos administrativos, centrándose también en la identificación de beneficiarios y los requisitos documentales administrativos. Además, se explorará la creación de unidades de referencia con asesoría médica que garanticen criterios coherentes en la decisión sobre permisos.

También se está considerando la posibilidad de facilitar el traslado temporal de los trabajadores a destinos más cercanos a sus hogares durante las dificultades que implica la enfermedad de un hijo. Sin embargo, se recordó que el Decreto ya permite combinar reducciones de jornada con otras medidas de conciliación familiar. “El objetivo es humanizar el funcionamiento de la Administración Pública”, concluyó Nieto.

El PSOE CELEBRA EL AVANCE EN LA REGULACIÓN

Desde el grupo socialista, se aplaudió la reciente intervención del Gobierno andaluz, considerando que han “tomado conciencia” del impacto negativo que la falta de un sistema claro ha tenido en la concesión de permisos para cuidadores de niños enfermos. “La nueva postura del Gobierno es un paso hacia adelante que mejora la situación”, afirmaron.

Por su parte, Vox criticó a la Junta por lo que calificaron de recortes financieros en este ámbito, acusándola de malgastar recursos en otras áreas que, según argumentaron, no son prioritarias, como la atención a los menores migrantes no acompañados.

El Partido Popular, quien apoya al Gobierno andaluz, agradeció al consejero el esfuerzo realizado para que se aplique el Decreto de manera equitativa y exigió al Gobierno central claridad en el desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores. “La Junta ha tomado las riendas ante la desidia del Ejecutivo central”, resaltaron los representantes del PP.