En un reciente informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, se destaca el papel pionero que ha tenido Andalucía en la implementación de auditorías que integran tanto el presupuesto como la perspectiva de género. Sin embargo, este avance ha sufrido un golpe significativo a raíz del Decreto-ley 3/2024, que introdujo cambios administrativos que han interrumpido el proceso continuo de auditoría en este ámbito.

El informe, que se aprobó el 23 de octubre, pone de relieve la evolución de la presupuestación con enfoque de género (PEG) en las comunidades autónomas, señalando que Andalucía había sido una de las primeras en adoptar esta metodología, iniciando su andadura en 2003. A lo largo de los años, se llevaron a cabo auditorías que buscaban medir el impacto de esta integración, aunque el informe también señala que el año 2024 fue el primero en el que no se realizaron auditorías independentes para evaluar esta práctica.

Según el Tribunal de Cuentas, si bien contar con una presupuestación que contemple la perspectiva de género es un paso hacia la equidad, es vital realizar evaluaciones posteriores que garanticen que estas medidas realmente fomenten la igualdad. Lamentablemente, el informe revela que ninguna comunidad autónoma llevó a cabo auditorías o evaluaciones en este sentido en 2024.

La legislación andaluza, que incluye la Ley 12/2007 de igualdad y el Decreto Legislativo 1/2010 sobre la hacienda, obliga a incluir la perspectiva de género en el proceso presupuestario. Las normas establecen que los informes sobre el impacto de género deben acompañar los proyectos de ley de presupuestos, a pesar de que la reciente supresión de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos ha generado preocupaciones sobre el futuro de estas evaluaciones.

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 también refleja la necesidad de integrar el enfoque de género en la presupuestación, aunque la falta de auditorías plantea dudas sobre si se prevén avances en esta área.

Históricamente, Andalucía se ha mostrado como una comunidad innovadora en materia de género en los presupuestos, siendo pionera en la aplicación de auditorías de presupuesto y género desde 2003 y formalizando este proceso en 2013. Sin embargo, la eliminación de estas auditorías tras la reciente reforma ha suscitado voces críticas, incluyendo a Antonio López, consejero de la Cámara de Cuentas, quien ha enfatizado la importancia de mantener la debida rendición de cuentas en estas materias.

El Tribunal de Cuentas convencido de la necesidad de restaurar las auditorías sobre el impacto de género, concluye recomendando un renovado enfoque hacia la evaluación de la efectividad de las prácticas presupuestarias en la promoción de la igualdad entre géneros. A pesar de los retrocesos, se reconoce el valor de Andalucía como modelo a seguir en esta cruzada, resaltando la importancia de reponer las herramientas necesarias para asegurar que las políticas públicas no solo promuevan la igualdad, sino que también sean efectivas en su implementación.

Con base en estos hallazgos, las recomendaciones incluyen la continuidad de la 'Guía G+', una metodología para la formulación de presupuestos con enfoque de género, así como el fortalecimiento del seguimiento interno para garantizar que la planificación presupuestaria realmente se traduce en resultados positivos en materia de igualdad de género.