**SEVILLA, 20 de noviembre.** En un llamado a la acción urgente, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como portavoz del gobierno andaluz, ha instado este miércoles al Ejecutivo nacional a buscar una "solución" efectiva para Muface. Advirtió que no es viable "cargar" a 400.000 personas al Servicio Andaluz de Salud (SAS), un sistema que ya se encuentra en una situación crítica.

Durante su intervención en el Encuentro SER, titulado 'Presentación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía 2025', España argumentó que el enfoque del Gobierno central sobre el tema de Muface ha sido erróneo. Afirmó que, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, perteneciente a Sumar, parece estar dispuesta a eliminar Muface por razones quizás ideológicas, “en la parte socialista del Ejecutivo hay voces que claman por encontrar una solución viable y resolver esta situación”.

“No podemos permitir que, ante cualquier desafío que enfrente el gobierno central, la respuesta sea simplemente cruzarse de brazos y trasladar el problema a las comunidades autónomas”, señaló tajantemente la consejera andaluza, dejando claro su descontento con la falta de apoyo desde el Ejecutivo central.

Explicó que en Andalucía, la estimación sugiere que la inclusión de funcionarios y sus familias podría significar la incorporación de 400.000 personas más al sistema sanitario, algo que tendría repercusiones similares en otras comunidades autónomas. “Por lo tanto, es imperativo que el Gobierno de España encuentre una solución a este problema”, enfatizó España, haciendo hincapié en que no se puede solucionar una crisis transfiriendo responsabilidades a comunidades autónomas que ya tienen sus sistemas de salud operando al límite de su capacidad.

En otro orden de ideas y hablando sobre la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes, programada para el 13 de diciembre, la consejera expresó que esta llega “bastante tarde”. Criticó al Gobierno central por enfocarse más en conseguir votos para aprobar mínimas reformas legislativas en lugar de abordar los problemas urgentes que afectan a comunidades como la andaluza.

España también expresó su esperanza de que esta conferencia marque “el inicio del fin de los agravios” sistemáticos por parte del Gobierno central hacia Andalucía y que conduzca a la eliminación de “privilegios para otras comunidades autónomas”, generando un debate necesario sobre la financiación autonómica que permita un trato más equitativo.