SEVILLA, 14 de diciembre.

El nuevo equipo al frente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, liderado por María del Carmen Castillo, está por implementar cambios significativos en la educación andaluza. Una de las iniciativas más destacadas será la regulación de la carga administrativa que afrontan tanto los docentes como los equipos directivos. Además, se articulará, en un solo decreto, la normativa sobre el uso de teléfonos móviles en los colegios, con el objetivo de que esta nueva regulación entre en vigor a partir del curso académico 2025/2026, de acuerdo a los plazos establecidos por la administración educativa.

En declaraciones brindadas a Europa Press, la consejera Castillo hizo hincapié en que su equipo está trabajando activamente en un decreto que busca simplificar la burocracia en el sistema educativo. Este decreto, que ya se encuentra abierto a las aportaciones de la ciudadanía, incluirá modificaciones a los reglamentos orgánicos de los centros educativos y buscará establecer directrices sobre el uso de dispositivos digitales. Castillo manifestó su postura de limitar el uso de teléfonos móviles en las aulas, aunque reconoce que en etapas de Infantil y Primaria no se utilizan, y en Secundaria, el uso suele alinearse con los proyectos educativos existentes.

La consejera subrayó que el uso de móviles en el ámbito educativo no es solo un desafío en términos de enseñanza, sino principalmente un problema social y familiar. A pesar de que se prohíbe la entrada de móviles en las escuelas, Castillo señaló que muchos niños reciben teléfonos como regalos en momentos significativos, como su Primera Comunión. “Si las familias no colaboran y no regulan el uso de estos dispositivos, es complicado para nosotros manejar la situación”, apuntó.

Este proyecto de decreto responde a una de las demandas más persistentes de sindicatos y de la comunidad educativa en general. La consejera Castillo reconoció que su implementación buscará mitigar la percepción de que existe una excesiva carga de trabajo administrativo en las escuelas, lo que a menudo interfiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje. “Nuestra meta es empezar a simplificar aspectos que nos han trasladado tanto docentes como equipos directivos y organizaciones de inspección educativa”, explicó.

Sin embargo, Castro también destacó que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ha aumentado considerablemente la carga burocrática que recae sobre los docentes, ya que se exige la redacción de informes de forma continua. La responsable autonómica indicó que, aunque hay muchas normativas que no se pueden eliminar, es posible trabajar en simplificar otras. “Debemos evaluar cuáles informes son realmente necesarios y qué documentación es superflua”, añadió.

El objetivo de la administración es que para julio de este año se disponga de un decreto que concrete estas simplificaciones, de tal forma que para el inicio del curso 2025/2026 se puedan evidenciar estos cambios en la práctica educativa cotidiana.

La propuesta contempla establecer una estructura normativa que agilice los procedimientos regulados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, favoreciendo así una gestión más eficaz y eficiente de los recursos tanto materiales como humanos. Este cambio busca optimizar la organización y el funcionamiento de los centros, mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y la administración, tanto en las escuelas como en los servicios educativos.

Entre las metas trazadas se incluye la racionalización de la intervención administrativa, la implementación de instrumentos genéricos para la simplificación de procesos, la agilización de la asistencia a la ciudadanía en el acceso a servicios educativos, y el fomento de la autonomía de los centros, así como la desburocratización de la labor docente. Además, se busca fortalecer las competencias de los equipos directivos en la gestión escolar.

En relación al uso de teléfonos móviles en las aulas, el anterior departamento de Desarrollo Educativo había anunciado en marzo que se prohibiría completamente el uso de móviles y similares hasta finalizar la Segunda Etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A partir de tercer curso de ESO, los dispositivos móviles podrían ser utilizados exclusivamente para fines didácticos, y siempre con un respaldo pedagógico adecuado alineado al proyecto educativo del centro.

La regulación contemplará todas las actividades escolares, incluyendo recreos, actividades complementarias y extraescolares, así como el desplazamiento y uso de instalaciones como comedores y pasillos. Esta decisión se enmarca dentro de las recomendaciones del Consejo Escolar de Andalucía, el cual ya había emitido un dictamen al respecto. Por lo tanto, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se encargará de implementar estas sugerencias mediante la modificación de los decretos que regulan el funcionamiento de los centros educativos, en lugar de limitarse a instrucciones administrativas.