El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, con el objetivo de regular el procedimiento que deben seguir tras cesar en su cargo y volver a ejercer en el ámbito privado. Esta medida busca brindar mayor transparencia y seguridad jurídica, convirtiendo a Andalucía en la región con el régimen de incompatibilidades más estricto de España, según ha expresado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

El Gobierno andaluz ha tomado esta decisión tras identificar una "brecha" en el sistema de control de incompatibilidades al enfrentarse al caso del exviceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, quien pretendía trabajar en una empresa privada del sector sanitario. La ley actual de 2005 no ofrece un pronunciamiento claro sobre si la actividad profesional a desarrollar se ajusta a las normas de incompatibilidad, motivo por el cual se ha realizado una modificación puntual y específica en la normativa.

La convalidación del decreto ley en el Parlamento será el próximo paso, seguido de la posible tramitación como proyecto de ley. El objetivo es contar con una normativa definitiva en un plazo máximo de un año y medio, y abordar posteriormente temas como las cesantías de altos cargos en un futuro proyecto de ley que promueva el diálogo y el consenso entre los grupos parlamentarios.

En cuanto al contenido del decreto ley, se establece que durante los dos años posteriores al cese, los altos cargos no podrán desempeñar actividades en entidades privadas relacionadas con asuntos en los que hayan intervenido durante su cargo. Asimismo, se prohíbe firmar contratos con la Junta en los que hubieran participado directamente. Estas restricciones buscan evitar conflictos de interés y garantizar una gestión ética y transparente.

El procedimiento para obtener autorización previa para realizar actividades privadas en el mismo sector después del cese se detalla en el decreto, estableciendo plazos y requisitos claros para evitar incumplimientos y proteger la integridad de la función pública. La Inspección General de Servicios será la encargada de evaluar las solicitudes y emitir recomendaciones.

Además, se amplía la obligación de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones para los altos cargos, que ahora deben presentarla y actualizarla no solo durante su mandato, sino también después de cesar en el cargo. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública en Andalucía, sentando las bases para una gestión gubernamental más responsable y comprometida con el interés público.