El 2 de diciembre, en Sevilla, la Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en el ámbito del turismo al aprobar un innovador proyecto de Ley de Turismo Sostenible. Esta legislación busca modernizar y reestructurar por completo la política turística de la región, implantando sanciones más severas contra actividades ilegales o clandestinas que, hasta ahora, habían proliferado sin control.

Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, ha resaltado la importancia de esta norma, considerada "valiente y necesaria" tras más de 40 años sin una regulación que abarque integralmente el sector. Durante una rueda de prensa celebrada después del Consejo de Gobierno, Bernal enfatizó que este nuevo marco legal surge del diálogo con los distintos actores del sector turístico, con más de 1.700 contribuciones recogidas a través de mesas de trabajo en toda Andalucía.

El consejero subrayó que esta ley no es fruto del trabajo en un despacho, sino que responde a un proceso participativo genuino que busca erradicar la actividad ilegal en el sector. Un elemento clave de la legislación es el endurecimiento de las sanciones: las multas, por ejemplo, para las infracciones leves aumentan de 2.000 hasta 10.000 euros, y las graves pasan de un rango de hasta 18.000 euros a errores que pueden implicar multas de 10.000 a 100.000 euros. Esto significa que operar ilegalmente el servicio turístico puede acarrear al menos una sanción de 20.000 euros.

Las infracciones consideradas "muy graves" también sufrirán un incremento drástico en sus sanciones, que pasarán de un máximo de 150.000 euros a un rango que va de 100.000 a 600.000 euros. Bernal mencionó que comportamientos como obstruir labores de inspección o entregar información falsa bajo declaración responsable se considerarán delitos principales bajo esta nueva ley.

A pesar del endurecimiento de las sanciones, el consejero expresó su deseo de que no se tengan que imponer, destacando que el objetivo es prevenir este tipo de prácticas que no han sido resueltas por el registro único de viviendas del Estado, un sistema que, según ha denunciado, ha generado más confusiones que soluciones.

Ahora que la propuesta de ley ha sido aprobada, será enviada al Parlamento de Andalucía para su discusión y posible aprobación final. Bernal también destacó que esta iniciativa pretende situar a las personas en el centro del interés público, promoviendo el uso de datos estratégicos como una herramienta esencial para asegurar una sostenibilidad integral que aborde aspectos sociales, ambientales y económicos.

Además, el proyecto establece mecanismos destinados a asegurar la convivencia y la calidad de vida entre residentes y visitantes. La normativa no solo refuerza la cogobernanza en el ecosistema turístico, sino que también delimita los derechos y deberes de todos los agentes involucrados.

La nueva ley introduce la "inteligencia turística" como un eje central en la toma de decisiones, y se espera que el uso de sistemáticas avanzadas de análisis y monitoreo mejore significativamente la competitividad del destino y la planificación de recursos turísticos. Asimismo, proporcionará un respaldo legal a iniciativas de innovación y análisis de datos, como el proyecto 'Andalucía Nexus'.

Uno de los pilares de esta norma es la sostenibilidad, asegurando un desarrollo turístico que proteja el medio ambiente y reduzca las desigualdades territoriales. Con la integración de tecnologías avanzadas, se pretende establecer un control más estricto sobre la actividad turística ilegal, simplificando y reorganizando el reglamento existente para hacerlo más eficaz.

La legislación también promueve una estructura más ágil de planificación turística, reduciendo los actuales 17 decretos a solo seis, lo que, afirman desde la Junta, facilitará la operatividad del sector y proporcionará una mayor seguridad jurídica a todos los involucrados.

Finalmente, la ley busca consolidar la colaboración entre el sector público y privado mediante la creación de espacios formales de participación que incluyan a empresarios, profesionales y actores sociales, garantizando una visión colectiva sobre el futuro turístico de Andalucía. También se establecen nuevos estándares más rigurosos para la calidad de los servicios turísticos. Esto incluye herramientas destinadas a potenciar la profesionalización del sector y la creación de productos turísticos innovadores que mejoren la experiencia de los visitantes. Además, se integrarán parámetros para diseñar destinos inteligentes, garantizar accesibilidad universal y promover la digitalización en la oferta turística, con el objetivo de fortalecer Andalucía como un destino global competitivo.