SEVILLA, 31 de diciembre.

El Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, conocido como Atrian, ha dado luz verde al Plan de Acción Anual (PAA). Este plan se centra en las directrices del nuevo Plan de Control Tributario (PCT) que tiene como objetivo primordial la investigación, prevención y detección del fraude fiscal. Además, se contempla la creación de nuevos canales de atención y asesoramiento que se adapten a las necesidades de los contribuyentes, marcando un paso significativo hacia una administración más inclusiva y eficiente. Entre las innovaciones, se destaca la especialización y regionalización del trabajo, lo que pretende asegurar que la intensidad de los controles se ajuste a las características particulares de cada provincia.

En una nota informativa, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos resalta que este Plan de Control Tributario es un "instrumento básico y fundamental" en la gestión fiscal de la comunidad autónoma. Esta iniciativa es clave para garantizar la investigación y detección del fraude fiscal y para diseñar estrategias efectivas que no solo lo combatan, sino que también lo prevengan.

Las directrices del PCT han sido formalmente publicadas el pasado 27 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y se basan en tres ejes fundamentales: en primer lugar, la prevención del fraude fiscal; en segundo lugar, la implementación de medidas para detectar, corregir y, en su caso, sancionar los incumplimientos tributarios; y en tercer lugar, una colaboración más estrecha con otras administraciones en la lucha contra el fraude, con el fin de incrementar la eficacia en la gestión.

En cuanto a las acciones dirigidas a prevenir el fraude, se implementarán medidas informativas que fomenten una atención "multicanal" a los ciudadanos andaluces. El propósito de esta estrategia es generar contenido informativo adaptado a las necesidades particulares de la población, mejorar las funcionalidades de acceso y herramientas para la autoayuda, y evaluar la calidad de los servicios ofrecidos, además de identificar nuevas demandas de asistencia.

Las nuevas directrices también reconocen el "derecho al error" de los contribuyentes, incentivando lo que se conoce como "invitación a la autocorrección". Esto permitirá que ciertos errores puedan ser subsanados por los propios usuarios sin necesidad de iniciar procesos administrativos, reduciendo así los costos asociados a intervenciones administrativas, tal como ha señalado el departamento bajo la dirección de Carolina España.

La Consejería añade que se hará especial énfasis en mejorar la accesibilidad a los servicios de información y asistencia para colectivos con necesidades especiales. El objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y en esa misma línea se prevé reforzar el autoservicio para ayudar a colaboradores sociales con cualquier duda relacionada con la aplicación de los tributos y las incidencias técnicas que puedan surgir en el uso de herramientas digitales.

Además, se contempla una colaboración más activa con instituciones y centros directivos de la Junta de Andalucía, buscando fomentar una cultura cívica de cumplimiento tributario entre la ciudadanía. "Es fundamental mejorar el conocimiento sobre el sistema tributario y la relación entre los ingresos públicos y la disponibilidad de bienes y servicios para todos", se señala en la nota.

En el ámbito de prevención y supervisión, la Agencia Tributaria de Andalucía se compromete a informar y asistir a los ciudadanos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al tiempo que se enfoca en identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento. Esto tiene como fin lograr un mayor porcentaje de ejecución de las previsiones presupuestarias, lo que a su vez mejorará la cobertura financiera necesaria para los servicios públicos.

Para potenciar todavía más su capacidad operativa, la Agencia ha decidido avanzar en la regionalización de sus actuaciones y en fomentar la especialización de su equipo. Se ha establecido una centralización de nuevas funciones, incluida la gestión del análisis del riesgo fiscal y la calificación de autoliquidaciones, así como la selección y asignación de intervenciones, que serán llevadas a cabo por un equipo regional recién creado.

Esta decisión de centralizar esfuerzos responde a la necesidad de optimizar la gestión y homogeneizar los niveles de control en las distintas provincias, teniendo en cuenta las particularidades locales, todo ello sin alterar la competencia sobre la resolución de estos temas. Asimismo, se prevé formar un equipo especializado que se encargará de todas las gestiones relacionadas con el canon del agua.

En lo que respecta a la detección, corrección y posible sanción de incumplimientos tributarios, el plan de la Agencia incluye medidas para seleccionar operaciones con alto riesgo fiscal, con el objetivo de elevar el nivel de cumplimiento de los contribuyentes.

Como criterios generales, se evaluarán todas las autoliquidaciones en cuanto a su riesgo, se realizará un estudio de segmentación de contribuyentes y se determinarán niveles de riesgo a través de procesos de verificación, tanto automatizados como manuales. La calificación de riesgo que se asigne a cada caso definirá la actuación administrativa correspondiente.

Se llevarán a cabo verificaciones masivas de todos los expedientes mediante procesos automatizados, muestreos y cruces de información de diversas fuentes. Además, se programarán actuaciones de control tributario y se reforzará la gestión de procedimientos de cobro mediante la vía de apremio, buscando aumentar su efectividad y desincentivar a posibles infractores.

Finalmente, las directrices del Plan de Control Tributario para el año 2025 incluyen medidas concretas de colaboración con administraciones tributarias de diversas entidades, incluyendo el Estado y otras comunidades autónomas, con el fin de establecer criterios uniformes y procedimientos comunes para el intercambio de información en la lucha contra el fraude fiscal.