SEVILLA, 12 de noviembre. La Junta de Andalucía ha lanzado una ambiciosa campaña de inspección enfocada en la compraventa y el arrendamiento de viviendas para el año 2025. Esta iniciativa busca supervisar las prácticas de empresas del sector inmobiliario, incluidas promotoras y constructores, en lo que respecta a la venta, promoción y publicidad de propiedades, ya sea en fase de proyecto, construcción o ya finalizadas. En el año anterior, se reveló que más del 61% de las inspecciones realizadas habían detectado irregularidades.

La campaña, que abarcará todas las provincias andaluzas, tiene como objetivo asegurarse de que las compañías involucradas en el mercado inmobiliario cumplan con las normativas aplicables. Esto incluye la obligación de ofrecer una información clara y precisa a los consumidores, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Hasta finales de diciembre, se llevarán a cabo al menos 135 inspecciones, que afectarán a una variedad de situaciones: desde viviendas en proyecto hasta propiedades usadas y arrendamientos. Estas acciones están diseñadas para comprender mejor la dinámica del sector, así como para analizar las ofertas y la publicidad que se están utilizando en el ámbito de la compraventa y el alquiler.

Un aspecto clave de la campaña es la verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y legales, que incluyen la inscripción en el Registro Mercantil y las licencias necesarias para la construcción y ocupación. También se revisará la información proporcionada a los consumidores respecto a los precios, las condiciones de pago y las garantías de entrega para viviendas que no se encuentren completamente finalizadas, así como la responsabilidad de los agentes involucrados en el proceso de edificación.

Las inspecciones también examinarán los contratos de compraventa y alquiler para asegurarse de que cumplan con la legislación vigente, especialmente cuando se trata de acuerdos entre empresas y consumidores. Es esencial que el bien ofertado se corresponda con la realidad del mercado y que las características del mismo sean reflejadas correctamente en la documentación contractual.

En particular, para aquellas viviendas en fase de proyecto o construcción, se comprobará la existencia de avales. Además, para cualquier oferta o promoción relacionada con la venta o el arrendamiento de propiedades, se asegurará que se facilite a los consumidores el correspondiente certificado de eficiencia energética, que ofrece información objetiva sobre este aspecto del inmueble.

Respecto a los arrendamientos, las inspecciones evaluarán si las empresas de intermediación están cumpliendo con las normativas legales, especialmente en lo que se refiere a evitar cobros indebidos a los arrendatarios por gastos de gestión. Asimismo, se revisará la relación contractual entre los propietarios de inmuebles, especialmente aquellos que son consumidores, y las empresas que buscan facilitar la venta o alquiler de sus propiedades mediante contratos de gestión y asesoría.

La campaña del presente año se apoya en los resultados de 2024, que tuvieron lugar en un total de 121 inspecciones en 111 establecimientos y generaron 112 expedientes de inspección, con un 61,6% de resultados positivos. Sin embargo, se identificaron importantes incumplimientos, como la falta de libros de quejas y reclamaciones, la no exhibición de carteles informativos obligatorios sobre los derechos del consumidor y la insuficiencia de información sobre las propiedades ofrecidas.