La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha expresado su malestar y enfado con la decisión del Gobierno central sobre el nuevo reparto de alimentos con la tarjeta monedero. López confía en que haya un cambio de posición en la reunión técnica que se celebrará el día 31 de este mes entre ambas administraciones.

En una entrevista en Canal Sur Radio, López ha alertado de que cerca de 280.000 familias vulnerables en Andalucía se quedarán sin alimentos básicos debido al nuevo modelo impuesto por el Gobierno de España. Según explica, el Gobierno central ha decidido destinar estas ayudas únicamente a las familias vulnerables con hijos menores, dejando fuera a miles de personas mayores y vulnerables con pensiones muy bajas. Según el nuevo modelo, solo se podrá atender anualmente a entre 15.000 y 20.000 familias con menores a su cargo.

Esta decisión ha dejado sin cobertura a todas aquellas personas vulnerables que anteriormente contaban con alimentos y productos básicos cubiertos, pero no tienen hijos. Ante esta situación, López señala que tanto ella como la Junta de Andalucía están muy enfadados y consideran que se ha tomado una decisión unilateral en lugar de tener en cuenta las necesidades de las personas. La consejera defiende un sistema dual en el que coexistan las tarjetas monedero y el actual sistema de reparto a través de los bancos de alimentos, como se hizo durante la pandemia.

En la próxima reunión técnica con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Junta de Andalucía planteará esta propuesta y hará hincapié en que la decisión del Gobierno central rompe la solidaridad y deja sin recursos a muchas personas vulnerables. López considera que es necesario escuchar y comprender la realidad antes de tomar decisiones que afecten a las personas.

Según López, lleva meses luchando contra la implantación de este único modelo de tarjeta monedero y se muestra muy molesta con el Gobierno central. Además, acusa al Gobierno de mentir al afirmar que este sistema es impuesto por la Unión Europea, cuando solo tres o cuatro países lo han adoptado.