La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha dado un importante paso al respaldar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Marbella, el primero en Andalucía en alinearse con la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, también conocida como "Lista". Este dictamen ya ha sido enviado al consistorio marbellí, que se prepara para votar y dar luz verde a un plan urbanístico que reemplazará al documento en vigor desde 1986.

La consejera Rocío Díaz ha destacado que la ley promovida por la Junta permitirá a Andalucía contar con un marco normativo más ágil que reduce considerablemente los tiempos de aprobación y elimina las barreras que históricamente han ralentizado el crecimiento de los municipios. "Marbella será pionera en este proceso simplificado que beneficiará a muchos otros municipios", agregó.

En su declaración, Díaz subrayó que este nuevo plan urbanístico será una herramienta vital para atender las necesidades reales de la comunidad. Agradeció la colaboración cercana entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Marbella, resaltando la importancia de las mesas de trabajo, una iniciativa impulsada por la Junta para optimizar la gestión de los trámites urbanísticos.

La alcaldesa Ángeles Muñoz también celebró esta resolución, considerándola un hito no solo para la administración local, sino para toda la ciudad. Manifestó que el hecho de que Marbella lidere la implementación de un PGOM bajo la nueva ley marca un antes y un después en su desarrollo urbanístico.

Muñoz enfatizó que el nuevo plan es un recurso esencial que garantiza seguridad jurídica, reduce la burocracia y acelera los procesos administrativos, permitiendo a la ciudad enfrentar los desafíos de un desarrollo sostenible e inclusivo. Este avance, según la alcaldesa, es resultado de una colaboración efectiva entre ambas administraciones que ha logrado acortar notablemente los plazos de trámite.

El Ayuntamiento se apresta a aprobar el PGOM en las próximas semanas, lo que representará un impulso significativo para la economía local y el bienestar de sus habitantes. Uno de los propósitos centrales de la nueva ley es ofrecer un entorno legal seguro que evite inconvenientes ocasionados por la anulación de planes urbanísticos y eliminar la confusión normativa que solía entorpecer la gestión de estos proyectos cruciales.

Con esta legislación, se busca simplificar los procedimientos y otorgar mayor autonomía a los municipios, a través de mecanismos como el uso extendido de la declaración responsable y un enfoque renovado sobre el silencio administrativo, que evitará que la inacción de la Administración frene el progreso. Para los planes generales, la Ley establece un período máximo de tres años entre la aprobación inicial y la definitiva, un compromiso que Marbella está en camino de cumplir.