ALMERÍA, 8 de enero. La desarrolladora Azata del Sol ha presentado una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se instruya al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, del partido Ciudadanos, a que en un plazo de un mes demuestre el inicio del procedimiento necesario para la revisión de la licencia municipal de obras del hotel que se encuentra en el paraje de El Algarrobico.

En un documento dirigido al TSJA en diciembre pasado, y al que tuvo acceso Europa Press, la empresa ha solicitado que se lleve a cabo lo estipulado en la providencia dictada el 9 de febrero, donde se otorgaron 30 días al entonces alcalde Felipe Cayuela para poner en marcha el expediente de revisión de la licencia, un proceso que cuenta con un respaldo judicial significativo.

El principal objetivo de esta solicitud es dar cumplimiento a la sentencia definitiva que establece que la mencionada licencia adolece de "vicios de nulidad", lo que implicaría que su anulación sería el primer paso necesario para proceder con la demolición del hotel, un inmueble que ha suscitado amplias controversias y que, según el Tribunal Supremo, debería haber dejado el entorno en su estado original, asegurando así la preservación del paraje que tuvo que mantenerse intacto.

Además, Azata del Sol ha solicitado que, en caso de que el Ayuntamiento no actúe, el TSJA tome la iniciativa para ejecutar de manera "subsidiaria" la sentencia que busca la anulación de la licencia de obras. Esta medida, de llevarse a cabo, también incluiría el reconocimiento de posibles "indemnizaciones" que pudieran corresponder a la empresa.

La concesión de la licencia de obras data del 20 de enero de 2003 y fue otorgada por la junta de gobierno del Ayuntamiento, que actuó bajo la delegación del alcalde, quien tenía asignada la competencia para estos asuntos. Por tanto, se argumenta que la responsabilidad de iniciar el expediente de revisión recae exclusivamente en la comisión de gobierno o el alcalde, y no en el Pleno del consistorio.

La posición de la empresa llega en un momento clave, después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo solicitara el 11 de diciembre acciones concretas para dar cumplimiento a una sentencia judicial, justo cuando se desestimó la solicitud de Greenpeace para suspender la ejecución de la obra hasta que Carboneras formalizara en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que los terrenos en cuestión son "no urbanizables".

En este contexto, el TSJA también requiere al Ayuntamiento de Carboneras que realice modificaciones en su planeamiento urbanístico, ya que, según la documentación presentada hasta la fecha, no se ha llevado a cabo la sentencia que categorizaba como "no urbanizables" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico. Ante esto, se advirtió al alcalde sobre la posibilidad de multas coercitivas si no se actuaba en consecuencia.

La magistrada María del Mar Jiménez Morera ha instado al alcalde a que adopte medidas "urgentes" para realizar ajustes en el plan general del municipio. Esta acción se da en respuesta a las observaciones emitidas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que plantearon objeciones al informe técnico municipal presentado en agosto.

En su fallo, Jiménez Morera también ordenaba al alcalde enviar un informe a la Sala cada diez días, detallando el progreso realizado en cumplimiento de los cambios requeridos para clasificar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables. La juez advirtió explícitamente a Hernández que "cualquier dilación no justificada" en este proceso podría acarrear "multas coercitivas", además de la posibilidad de deducir testimonio ante las autoridades judiciales, si se decidiera exigirle responsabilidad penal.