En Sevilla, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de prisión por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, siendo parte de los expedientes que comenzó a cumplir la pena el pasado 29 de diciembre de 2022. Actualmente, ha obtenido el tercer grado penitenciario y se encuentra en el centro de inserción social (CIS) de Sevilla, según ha informado la cadena SER y fuentes penitenciarias confirmadas por Europa Press.

En un contexto donde la Audiencia de Sevilla ha completado las solicitudes de indulto presentadas por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros siete ex altos funcionarios condenados por malversación en el mismo caso, incluida la exconsejera Martínez Aguayo, trasladando los documentos correspondientes con un informe al Ministerio de Justicia para que tome una decisión.

La Sección Primera de la Audiencia debía evaluar las peticiones de indulto de ocho exdirigentes socialistas, entre ellos José Antonio Griñán, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Miguel Ángel Serrano y José Antonio Viera, todos condenados a penas de prisión por malversación en los ERE fraudulentos.

Es importante destacar que Martínez Aguayo se ha unido al tercer grado penitenciario, al igual que Griñán cuya pena está suspendida y Viera que ya disfruta de este estatus penitenciario.

Por otro lado, respecto al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre su solicitud de indulto debido a la sentencia emitida inicialmente por la Audiencia. Recordemos que la sentencia inicial fue parcialmente revocada por el Supremo, reduciendo la pena de cárcel de Márquez a tres años, una pena que actualmente está suspendida.

En el proceso de solicitud de indulto, la Fiscalía argumenta que la conducta de estos exaltos cargos condenados no justifica la conmutación parcial de la pena de prisión, ya que el indulto se otorga de forma excepcional en situaciones de injusticia notoria o cuando la resocialización del individuo está en juego. Además, se destaca que la sentencia del Supremo define la malversación como corrupción política, resaltando la gravedad de los delitos cometidos en el marco de la Administración.