En un comunicado reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto de manifiesto la preocupante situación que atraviesan los juzgados andaluces debido al alto número de juicios y vistas que se suspenden diariamente. Esta problemática se ha visto agravada durante el último año, en gran medida, por la conflictividad laboral que ha afectado al ámbito judicial.

Según datos recogidos en la memoria anual del alto tribunal andaluz, aproximadamente el 38% de los juicios señalados fueron suspendidos en el pasado año. Esta cifra varía entre el 31% en la jurisdicción penal y el alarmante 62% en la jurisdicción social, la cual registra el mayor porcentaje de suspensiones.

La suspensión de una vista implica que el espacio reservado para ese día no puede ser ocupado por otro juicio o señalamiento, lo que genera una prolongación en exceso del tiempo de finalización de los procesos judiciales. Esta situación se suma a la ya existente problemática de los asuntos pendientes de resolver.

Uno de los factores que ha contribuido al aumento de suspensiones en 2023 ha sido el impacto de las huelgas protagonizadas por los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios. Durante meses de conflictividad laboral, se han registrado más de 30.000 actuaciones suspendidas en toda Andalucía, incluyendo señalamientos de vistas, procedimientos pendientes de trámite, firma o notificación.

En todas las áreas judiciales se ha observado un incremento en el porcentaje de suspensiones, siendo la Jurisdicción Civil la menos afectada con un 33% y la Contencioso Administrativa la más perjudicada con un 40%. En específico, en provincias como Huelva se registró un 32% de suspensiones, mientras que en Almería se alcanzó un 42%. En Granada, por su parte, se ha experimentado un aumento significativo pasando del 28% en 2022 al 40% en 2023.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha destacado la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en las fases previas al señalamiento de juicios, así como la implementación de cambios en la organización de las oficinas judiciales para hacer frente a esta situación crítica. La eficiencia y eficacia del sistema judicial en Andalucía, y en todo el país, están en juego.