SEVILLA, 28 de noviembre. La actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, está convocada para declarar como testigo el próximo 20 de enero de 2026, en relación con la investigación sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la etapa posterior a la pandemia de Covid-19. Esta acción se produce tras la anulación, por parte del Estado, de la normativa que permitía este tipo de contratación, incluida en la Ley de Contratos del Sector Público.

El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla emitió una providencia el pasado miércoles 26 de noviembre, la cual ha sido obtenida por Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado previamente la declaración de García, proponiendo además que el exviceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, también testifique. Ochoa ocupó su cargo entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022, y su aparición está agendada para la misma fecha que la de García.

La cita de Catalina García se relaciona con su anterior puesto como viceconsejera de Salud, durante la gestión de Jesús Aguirre al frente de esta cartera, responsabilidad que luego asumió Aguirre al ser nombrado presidente del Parlamento de Andalucía. La petición de la Fiscalía Anticorrupción, que está a la espera de una decisión por parte del juez José Antonio Gómez, forma parte de las diligencias previas 2476/2024, evolucionando a raíz de las declaraciones de testigos escuchadas en dos jornadas recientes, el 18 y el 25 de noviembre.

El objetivo de esta investigación es profundizar en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que incluía la incorporación de la contratación de emergencia del SAS a un nuevo régimen de control financiero, alejándose de la previa fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Durante las sesiones de testificación, la actual viceconsejera de Economía y Hacienda, Amelia Martínez, quien fue responsable de la Intervención General de la Junta, reveló que la inclusión de los contratos del SAS no contó con una propuesta formal del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni con un informe de dicha Intervención, según señalaron testigos presentes.

Martínez describió cómo se llegó a la decisión de ubicar los contratos del SAS bajo el control financiero permanente, mencionando que esto fue el resultado de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, también conocida como el “Consejillo”, donde la viceconsejera de Salud y el viceconsejero de Hacienda de aquel entonces, Catalina García y Roberto Ochoa, discutieron la cuestión.

La Fiscalía Anticorrupción busca esclarecer, de forma directa, la perspectiva de ambas figuras clave sobre la decisión de incluir los contratos del SAS en el registro de gastos de emergencia relacionados con la Covid-19 que se sometieron a un control financiero posterior.