24h Andalucía.

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Catorce residentes de la Costa de Granada condenados por tráfico clandestino de inmigrantes.

Catorce residentes de la Costa de Granada condenados por tráfico clandestino de inmigrantes.

GRANADA, 29 de noviembre. La Audiencia Provincial de Granada ha dictado una sentencia que condena a 14 individuos por su participación en una compleja red de tráfico de personas que operó entre 2019 y 2020, facilitando la entrada clandestina de numerosos inmigrantes marroquíes en territorio español. Estos individuos, conocidos como 'simpapeles', utilizaban documentos de residencia legítimos, adquiridos de manera ilegal de compatriotas con una apariencia similar, para conseguir cruzar la frontera.

Todos los condenados, de origen marroquí, residían en áreas como Motril y Torrenueva Costa. Su función principal consistía en identificar a familiares o amigos dispuestos a vender sus pasaportes o permisos de residencia a los cabecillas de esta red. Estas transacciones se realizaban con el expreso objetivo de facilitar el paso a inmigrantes que carecían de la documentación adecuada.

La organización trasladaba la documentación a Marruecos, donde, a cambio de cantidades que podían oscilar entre los 14.000 y 20.000 euros, la ofrecía a inmigrantes irregulares. Esta información se recoge en la sentencia, de la cual Europa Press ha tenido acceso. Los migrantes, acompañados por miembros de la red, llegaban a España mostrando estos documentos en los controles fronterizos, haciéndose pasar por los titulares legítimos de esos permisos.

Para asegurar el éxito de estas entradas ilegales, se priorizaba la similitud física entre el inmigrante y el portador original del documento. Una vez que lograban acceder a España, los papeles eran devueltos a la red para ser reutilizados por otros migrantes que se encontraban en la misma situación.

A través de este entramado, los acusados lograron facilitar la llegada a España de un número indeterminado de compatriotas no identificados, así como de sus propias sobrinas, poniendo en relieve la complejidad de la operación. Durante el juicio, los imputados admitieron su participación en los hechos y han aceptado penas de hasta dos años de prisión por delitos asociados a la falsificación de documentos y a la violación de derechos de los ciudadanos extranjeros, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas en el proceso.