La Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública (Codapa), conformada por 2.800 ampas, se ha manifestado en centros educativos de toda Andalucía para denunciar "la falta de recursos" destinados a los alumnos con necesidades especiales y de apoyo educativo, bajo el lema '¡Quiero ir a clase como tú!'. La presidenta de Codapa, Marina Jiménez, ha expresado su satisfacción con la respuesta a esta convocatoria y ha destacado la participación de los centros educativos de toda la región, incluso de los institutos de educación secundaria que han comenzado sus actividades desde las 8:15 de la mañana.

Jiménez ha afirmado que esta movilización es solo el primer paso en las demandas de Codapa, ya que consideran que la atención a la diversidad debe ser para todos los alumnos y no se puede elegir entre el derecho a la educación y el derecho a la inclusión. Por lo tanto, seguirán luchando por estas reivindicaciones.

Codapa había convocado a este "tsunami azul" con tres demandas claras: establecer un marco normativo que garantice una ratio de profesionales para atender a los alumnos con necesidades especiales y de apoyo educativo, asegurar los recursos humanos y materiales necesarios en todos los centros educativos según sus necesidades, y derogar el decreto que externaliza la atención a los alumnos más vulnerables.

Según el manifiesto de Codapa, el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo ha sido "el gran olvidado" del sistema educativo en Andalucía durante años. Se denuncia una oferta de plazas claramente insuficiente, lo que provoca que los maestros de atención a la diversidad tengan que ser compartidos entre varios centros educativos. Además, muchas familias se ven obligadas a matricular a sus hijos fuera de su área de residencia porque no hay suficientes plazas en las aulas de educación especial. Además, el decreto vigente "relega" la atención a la diversidad a un nivel asistencial, dejando al personal de integración social externalizado y en condiciones precarias.

En resumen, Codapa denuncia una sistemática vulneración de los derechos que establece la ley andaluza de educación para este grupo de estudiantes, y aseguran que la falta de recursos materiales y humanos impide garantizarles una educación inclusiva y diversa. Consideran esta situación insostenible y critican la ineficiencia y negligencia de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que solo agrava la situación cada inicio de curso.