Condenado a prisión por tráfico de personas y explotación sexual en El Ejido (Almería) por 200 euros
Un hombre ha sido condenado a seis años y seis meses de prisión por obligar a una mujer a prostituirse en España. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la pena impuesta por un delito de trata de seres humanos. La víctima fue traída al país bajo la falsa promesa de encontrar trabajo y el acusado se aprovechó de su vulnerabilidad debido a un leve retraso mental para controlarla fácilmente. Además, deberá indemnizarla con 18.000 euros por daños morales.
En la sentencia, se señala que el acusado fue contactado en un local por los captores de la mujer y acordó comprarla a cambio de una cantidad económica. De esta manera, obtuvo el control total sobre ella y se quedaba con las ganancias de su trabajo en la prostitución.
La misma sentencia también condenó al dueño de uno de los clubes de alterne donde la víctima era prostituida. Se le impuso una pena de un año y nueve meses de prisión, así como una multa, por un delito contra el derecho de los trabajadores. Aunque no se pudo demostrar que tuviera conocimiento de la situación de la víctima, se constató que nunca la había dado de alta en la Seguridad Social, al igual que al resto de las mujeres que trabajaban en su local.
La mujer llegó a España en 2013 acompañada de dos individuos que le prometieron un buen trabajo. Sin embargo, al llegar al país fue obligada a ejercer la prostitución y entregarle las ganancias a sus captores. En 2016, fue ofrecida en venta al principal acusado por 200 euros.
El acusado la obligó a realizar actividades de alterne y prostitución para obtener beneficios ilícitos. No fue hasta 2018, durante una inspección policial en el club donde era explotada, que se descubrió su situación. En el local trabajaban de manera habitual entre ocho y 14 mujeres, a ninguna de las cuales se les había dado de alta en la Seguridad Social.
El dueño del prostíbulo era el encargado de recoger a las mujeres en su vehículo y repartir las ganancias obtenidas según las tarifas que él establecía. La Sala de Apelación destacó que el acusado proporcionaba las instalaciones necesarias y fijaba las condiciones en las que debía realizarse la actividad, lo que revela una relación laboral y la obligación incumplida de dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social.