24h Andalucía.

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Confirmada la expulsión de un inmigrante irregular por narcotráfico en Cádiz tras cumplir condena.

Confirmada la expulsión de un inmigrante irregular por narcotráfico en Cádiz tras cumplir condena.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a un ciudadano marroquí por un delito contra la salud pública en la provincia de Cádiz. La sentencia establece una pena de cuatro años y medio de prisión, así como la expulsión del territorio español y la prohibición de regresar durante siete años una vez cumplida la mayor parte de la condena o en caso de acceder al tercer grado o a la libertad condicional.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando el acusado fue detenido transportando cinco sacos de hachís en una embarcación neumática cerca del Faro de Trafalgar en Barbate. El hachís incautado tenía un peso aproximado de 118 kilos y se presume que su destino era la distribución ilegal en la península.

Tras presentar un recurso ante el TSJA, el acusado argumentó que la medida de expulsión era desproporcionada y contraria al principio de no devolución en casos de riesgo personal. Sin embargo, el tribunal recordó que las penas de prisión superiores a un año para extranjeros pueden ser sustituidas por la expulsión, siempre y cuando no se vulneren ciertas circunstancias excepcionales.

En este caso, el TSJA determinó que no existían argumentos sólidos para impedir la expulsión del acusado, ya que no se demostró un arraigo significativo en España ni otras razones que respaldaran su permanencia en el país. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido la necesidad de evaluar cada caso de forma individual, considerando factores como el historial delictivo, el arraigo, la situación laboral y familiar del condenado.

Por lo tanto, el TSJA ratificó la sentencia inicial y confirmó la expulsión del acusado como parte de la pena impuesta por el delito contra la salud pública cometido. Esta decisión refleja la necesidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el territorio nacional, así como de velar por el respeto de los principios legales establecidos en casos relacionados con ciudadanos extranjeros.