La defensa de Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria y principal inculpado en las irregularidades de la empresa de capital de riesgo, ha solicitado la suspensión del juicio que estaba programado para el día 25 de este mes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La solicitud se debe nuevamente a su estado de salud, según fuentes del caso informaron a Europa Press. Este juicio se centraría en los fondos públicos concedidos por Invercaria a la empresa Servivation en el Parque Tecnológico de Málaga. El calendario previsto para este juicio se prolongaría al menos hasta el 31 de octubre.
Ya en mayo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla suspendió un juicio programado anteriormente sobre préstamos participativos concedidos por Invercaria a Electronics Devices Manufacture (EDM), una empresa de Mancha Real (Jaén) que recibió 1,18 millones de euros. La defensa de Pérez-Sauquillo argumentó entonces razones de salud, ya que había sido intervenido quirúrgicamente y presentó documentación médica al respecto.
En esta ocasión, alegan que Pérez-Sauquillo se encuentra ingresado en un centro hospitalario debido a problemas de salud relacionados con el corazón y la próstata. La presidenta del tribunal declaró la suspensión del juicio ante la falta de oposición por parte de las otras partes involucradas. A partir de este momento, el nuevo señalamiento del juicio depende de la evolución de la situación médica de Pérez-Sauquillo.
Tomás Pérez-Sauquillo ya fue condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación en concurso con malversación por un préstamo arbitrario de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis, una condena ratificada por el Supremo. Asimismo, ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión por los gastos propios de personal de Invercaria, a tres años de cárcel por un préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas a la sociedad Cedes Electria.
Hasta el momento, la condena por el préstamo a la empresa Tatis ha sido la única ratificada por el Supremo, lo cual llevó a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a ordenar su ingreso en prisión. La defensa argumentó la grave enfermedad que padece, lo que hizo que la Fiscalía solicitara un informe médico forense y que los servicios médicos penitenciarios determinaran si el acusado puede ser ingresado en prisión o si su enfermedad es incompatible con esta situación, resultando finalmente en su ingreso hospitalario.