El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha tomado una nueva decisión en el marco de las investigaciones relacionadas con el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía. En este caso, se ha dictado que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y el exdirectivo de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, continúen como procedimiento abreviado en una pieza del macrocaso. Esta pieza se refiere a ayudas por más de un millón de euros concedidas a la empresa cordobesa Graficromo y a la sociedad Taller de Libros.

En un auto fechado el día 3 de junio, el juez instructor, José Ignacio Vilaplana, ve indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación con estos dos acusados.

Por otro lado, se ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa en cuanto a otros tres investigados: el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Pérez Ramírez, y los exconsultores de Vitalia, Jesús Bordallo y Francisco José G.G. El juez considera que no hay pruebas suficientes en su contra para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.

En el caso de Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, quienes ya han sido juzgados y condenados por su participación en el escándalo de los ERE fraudulentos, se ha determinado que no se pueda continuar la causa en su contra. Respecto a Daniel Alberto Rivera, se ha señalado que no se dan las mismas circunstancias que en los casos anteriores, por lo que seguirá siendo investigado.

El juez destaca que existen indicios sólidos de que Rivera, durante su mandato, concedió ayudas de manera injusta y arbitraria, ordenando pagos fraudulentos con la complicidad de responsables de la agencia IDEA. Se han observado irregularidades en los procedimientos de concesión de las ayudas y falta de justificación en su otorgamiento.