Sevilla, 7 de noviembre. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado inicio en la jornada de hoy al juicio contra Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y un antiguo miembro de CCOO, por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con el manejo de más de 9,76 millones de euros, que fueron concedidos irregularmente por el gobierno andaluz. Estas ayudas estaban destinadas a pólizas de seguro para rentas de trabajadores de Fertiberia que se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) gestionados por la empresa.

Durante la primera sesión del juicio, enfocada mayormente en cuestiones preliminares, las defensas de ambos acusados solicitaron la suspensión del proceso hasta que se conozcan las nuevas sentencias que la propia Audiencia de Sevilla debe emitir, a raíz de un requerimiento del Tribunal Constitucional (TC). Esta solicitud se produce en el contexto de una revisión de la causa relacionada con la financiación irregular de los ERE, que implicó asignaciones de fondos de la Junta para ayudas que carecieron de la debida transparencia y procedimiento legal.

Esta situación se produjo tras la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar parcialmente los recursos de amparo interpuestos por los ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros involucrados en la misma trama. El TC anuló las condenas impuestas a estos exalto cargos por la Sección Primera de la Audiencia, que habían sido ratificadas por el Tribunal Supremo, y ordenó que se emitan nuevas sentencias que consideren el nuevo criterio del Tribunal Constitucional.

Como parte de los argumentos presentados por la defensa de Juan Antonio F.G., quien se desempeñó como secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias de CCOO, se subrayó que la reciente decisión del TC tiene aplicación directa en este caso. En consecuencia, los defensores demandaron la suspensión del juicio para asegurar que se respeten las plenas garantías jurídicas de los acusados.

En el desarrollo de la vista, también se hizo evidente la eliminación de cargos contra el ex directivo de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, quien no se presentó a la audiencia y, por lo tanto, ya no figura como acusado en esta etapa del juicio.

La Fiscalía ha expuesto minuciosamente los detalles del ERE que Fertiberia puso en marcha en 2003 para despedir a 166 trabajadores. Según las acusaciones, aunque la empresa no solicitó asistencia económica directa, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) le concedieron una ayuda sociolaboral que supuso más de 2,26 millones de euros, relacionada con 14 extrabajadores prejubilados.

En este contexto, la Fiscalía ha puesto el foco en un grupo de 12 trabajadores de Fertiberia, quienes, tras aceptar su traslado a otros centros laborales durante la negociación del ERE, solicitaron poco después la baja incentivada, finalizando así su relación laboral con la compañía entre marzo y mayo de 2004. Estos empleados recibieron incentivos tanto por su traslado como por la baja incentivada.

De acuerdo con la documentación presentada por el Ministerio Público, estos 12 trabajadores realizaron una solicitud colectiva tanto a nivel grupal como individual al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, quien falleció en octubre de 2020 y que fue condenado previamente por prevaricación y malversación en el caso relacionado con la financiación de los ERE.

En su carta, la Fiscalía argumenta que los extrabajadores pedían “colaboración ante las circunstancias especiales” que enfrentaban, con el compromiso de devolver el cheque que recibieron por indemnización. Según la Fiscalía, con esta acción se generó un proceso ilícito que permitía a estos trabajadores solicitar un traslado y, poco después, obtener una baja incentivada que les incluiría como beneficiarios de las pólizas de seguro de jubilación, a través de las cuales se articuló el pago de ayudas de manera ilícita.

Además, la Fiscalía destaca el papel del acusado Juan Antonio F.G. en estos hechos, argumentando que era consciente de la ilegalidad detrás de las subvenciones y de la incorrecta actuación de la administración que las concedió. Según el escrito de acusación, tanto los trabajadores como F.G. lograron materializar este procedimiento para acceder a condiciones de prejubilación que, en condiciones normales, no les corresponderían, eludiendo cualquier norma administrativa.

En octubre de 2004, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, formalizó un documento para abonar 812.049 euros destinados a financiar las pólizas de seguro de esos 12 extrabajadores. Ese mismo mes, se firmaron las pólizas del ERE de Fertiberia de 2003, que en total sumaban 2,1 millones de euros, de los cuales la Junta debía asumir más de 540.000 euros, cantidad correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores, y el resto por parte de la Junta, considerando que 12 suplementos de pólizas incrementarían la deuda hasta 1,947 millones de euros. Posteriormente, en 2008, se suscribieron dos pólizas más para otros dos empleados afectados por el ERE mencionado, que sumaron un total de 317.735 euros.

Finalmente, en 2009, Fertiberia promovió otro ERE que afectó a 223 empleados, y cuyo coste estimado ascendía a 16 millones de euros, de los cuales se esperaba que la Junta asumiera el 50%. En este último contexto, la Fiscalía señala que la Junta concedió ayudas a Fertiberia que superaron los 9,76 millones de euros, incluyendo 1,947 millones para los 12 trabajadores del ERE de 2003 y otros 7,5 millones para la póliza de seguro de rentas correspondiente a 159 trabajadores del ERE de 2009, de los que no se tiene registro de pago alguno.

En su acusación, la Fiscalía estipula que la finalidad de las mencionadas subvenciones era financiar indemnizaciones de despido colectivo pactadas entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo, argumentan que estas ayudas eran simplemente beneficios para la empresa, sin que la Junta realizara un análisis económico sobre su viabilidad, obviando por completo el procedimiento legal necesario. Esta falta de control y fiscalización, según la Fiscalía, daría lugar a la nulidad de estos actos, señalando la existencia de un presunto delito continuado de prevaricación y malversación en concurso, solicitando penas de prisión y una larga inhabilitación tanto para el antiguo sindicalista como para el exdirector general de Trabajo.