Granada, 23 de noviembre. La reciente resolución del Consejo Consultivo de Andalucía ha generado un intenso debate sobre los derechos reproductivos y la responsabilidad del sistema de salud, al avalar la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no indemnizar a una mujer que demandaba 125.000 euros tras experimentar un embarazo no deseado, a pesar de haber sometido a una ligadura de trompas.

La intervención se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2016 en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde se realizó el procedimiento que la mujer pensó que aseguraría su esterilidad. Sin embargo, el 2 de marzo de 2020, dio a luz a su hija, un acontecimiento que, según ella, podría haberse evitado si hubiera sido debidamente informada sobre las posibilidades de fallo del procedimiento, el cual, además, alegó que fue realizado de manera defectuosa en su caso.

La mujer argumentó que eligió este método anticonceptivo precisamente porque enfrentaba difíciles circunstancias económicas y deseaba evitar un nuevo embarazo. Sin embargo, el Consejo Consultivo se ha opuesto a su demanda, señalando que no hay pruebas que respalden la afirmación de mala praxis. En su dictamen, se subraya que la atención médica proporcionada fue, en efecto, "correcta y adecuada," dado que la paciente no logró quedarse embarazada hasta aproximadamente 30 meses después de la ligadura de trompas, lo que indica que el procedimiento había tenido éxito en su momento.

Los informes médicos presentados al expediente sugieren que el embarazo pudo haber resultado de un fenómeno denominado recanalización, que permite que una o ambas trompas de Falopio se vuelvan a volver permeables, provocando así un fracaso en el método anticonceptivo utilizado. El Consejo Consultivo también hizo hincapié en que, a pesar de las expectativas, la ligadura de trompas no garantiza la esterilización al cien por cien, ya que la capacidad del cuerpo humano de restablecer la función normal de los órganos intervenidos es un fenómeno bien documentado en la medicina.

Por otro lado, el aspecto de la falta de información, que fue presentado como un argumento por la mujer, también fue cuestionado por los servicios médicos que la atendieron y por el propio Consejo Consultivo. En este sentido, se destacó que el documento de consentimiento informado que firmó la paciente contenía la explicitación de que la ligadura de trompas no es un método con eficacia absoluta, reafirmando que los riesgos y limitaciones del procedimiento fueron debidamente comunicados.