En una movida sin precedentes, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha presentado una denuncia en los juzgados de Barbate (Cádiz) contra el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. La denuncia alega un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia en relación con los trágicos acontecimientos ocurridos en el puerto barbateño el pasado 9 de febrero, que resultaron en la pérdida de dos vidas de agentes y varios heridos graves.
De acuerdo con Jucil, la intervención policial en el Puerto de Barbate se llevó a cabo "bajo condiciones peligrosas y sin los recursos adecuados para afrontar la situación". Se alega que los superiores jerárquicos, a pesar de ser conscientes de los riesgos, ordenaron una intervención para la cual los guardias civiles involucrados no estaban capacitados ni contaban con los medios necesarios.
La denuncia detalla que la embarcación asignada a la Guardia Civil para la intervención era insuficiente en comparación con las narcolanchas significativamente más grandes y potentes. También se indica que los agentes asignados no estaban debidamente preparados ni equipados para una operación de esa magnitud, lo que aumentó el riesgo para sus vidas.
Además, se hace referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que insinúan una falta de preparación y recursos adecuados por parte de la Guardia Civil para abordar este tipo de situaciones.
La denuncia se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS, en las que se revela que el general jefe de la Zona de Andalucía solicitó la presencia del equipo GEAS en el puerto de Barbate a pesar de las advertencias sobre la falta de medios adecuados. Esta situación pone de manifiesto, según Jucil, la negligencia de los superiores jerárquicos en poner en riesgo la vida de los agentes.
La denuncia también destaca la falta de preparación tanto de los GEAS como de los GAR para abordar intervenciones policiales de este tipo, lo que resultó en consecuencias trágicas e irreparables. Se cuestiona la calidad de los medios y la responsabilidad de los superiores en obligar a los agentes a llevar a cabo una operación para la que no estaban preparados ni contaban con los recursos adecuados.
Jucil enfatiza la existencia de posibles delitos de homicidio por imprudencia y lesiones graves por imprudencia en este caso, solicitando que se investigue a fondo la responsabilidad de los superiores jerárquicos. La asociación busca justicia y transparencia en este asunto tan sensible que ha conmocionado a la comunidad de la Guardia Civil y más allá.
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