En una operación conjunta, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz han llevado a cabo una investigación en una explotación agrícola en Villamartín para combatir el empleo irregular, la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y el fraude a la Seguridad Social. Durante la operación, se detectaron más de una treintena de infracciones administrativas en materia de seguridad social y se identificaron a 34 trabajadores involucrados en estas prácticas ilegales.
Según explicó la Guardia Civil en un comunicado, esta acción fue llevada a cabo en el marco del convenio firmado entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como parte del "Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos".
La operación tuvo lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que no daban de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social, mientras que estos recibían prestaciones incompatibles con el trabajo o empleaban a trabajadores extranjeros sin la debida autorización.
De los 34 trabajadores identificados, se determinó que 33 estaban trabajando de forma irregular en la explotación agrícola. Se espera que, una vez finalizada la investigación, se formulen más de una treintena de denuncias por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de trabajo de extranjeros o percibo de prestaciones incompatibles.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz continuará con la investigación para iniciar los correspondientes expedientes sancionadores. Esto podría resultar en sanciones económicas significativas para los empresarios y trabajadores involucrados, así como la obligación de devolver las prestaciones ilegalmente percibidas.
La Guardia Civil destacó que la economía irregular representa un grave riesgo, no solo para los consumidores, sino también para la supervivencia de las empresas que cumplen con la legalidad y sus obligaciones. Además, una gran cantidad de trabajadores y puestos de trabajo dependen de estas empresas.
La operación fue llevada a cabo por diferentes unidades de la Guardia Civil de Cádiz, como las Unidades de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Equipo Roca y Policía Judicial, en colaboración con los inspectores de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.
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