En un movimiento que refleja el esfuerzo de las autoridades por abordar las irregularidades en la gestión de los empadronamientos, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos en Algeciras, Cádiz. Estos sujetos son considerados sospechosos de participar en un esquema mediante el cual cobraban entre 300 y 500 euros para facilitar empadronamientos ficticios. Esta práctica no solo ha sido denunciada por su legalidad cuestionable, sino que también ha sido vinculada a la obtención ilícita de permisos de residencia y trabajo por parte de ciudadanos extranjeros.

La intervención de la policía, que se inició en abril de 2024, fue motivada por un notable aumento en los empadronamientos considerados irregulares en la localidad. En una de las viviendas inspeccionadas, situada en condiciones deplorables en el barrio de La Bajadilla, se descubrió que 15 personas estaban registradas como residentes, la mayoría de las cuales eran extranjeras sin lazos laborales, sociales o familiares en la zona.

Las investigaciones realizadas por los agentes revelaron que al menos 13 de estas personas nunca habían habitado realmente la vivienda en cuestión. Se descubrió que habían pagado hasta 500 euros con el objetivo de conseguir un empadronamiento que luego utilizarían como respaldo para gestionar la obtención de permisos de residencia y trabajo en España.

El desarrollo de la investigación puso de manifiesto que dos de los detenidos desempeñaban el papel de intermediarios, actuando entre las personas interesadas y los propietarios de las viviendas. Los primeros contactos se llevaban a cabo en cafeterías de la ciudad, donde después de acordar el pago, se proporcionaba la documentación necesaria para formalizar los empadronamientos en la Oficina del Padrón Municipal de Algeciras.

Como resultado de estas actuaciones, la policía ha arrestado a tres individuos implicados en el caso y ha solicitado la baja de los empadronamientos fraudulentos en el registro municipal. Esta acción subraya el compromiso de las autoridades por combatir la corrupción y garantizar la integridad del sistema de empadronamiento.

La Policía Nacional ha destacado que estas prácticas ilegales son frecuentemente empleadas por personas en situación irregular como medio para cumplir con las exigencias de permanencia en el país. No obstante, estas acciones constituyen infracciones graves de la Ley de Extranjería, que pueden conllevar sanciones económicas que oscilan entre 501 y 10.000 euros. En circunstancias más severas, es posible que los implicados enfrenten penas de prisión de hasta tres años, tal como está estipulado en el Código Penal.