En la tarde del 4 de mayo, Madrid vivió un suceso que destaca la vulnerabilidad de infraestructuras críticas. La Guardia Civil detuvo a dos individuos, de 20 y 27 años, involucrados en el robo de cobre en las vías del AVE, lo que perturbó el servicio de 21 trenes que conectan la capital con Sevilla y afectó a aproximadamente 6.300 viajeros.

Este robo, que tuvo lugar en cinco puntos específicos de la línea ferroviaria a su paso por la provincia de Toledo, provocó la paralización de la circulación de trenes durante varias horas. Los delincuentes desmantelaron parte del cableado eléctrico, lo que causó importantes inconvenientes operativos y de seguridad.

ADIF, la empresa encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, ha estimado que el perjuicio económico generado por el material robado y los daños asociados supera los 25.000 euros, un monto que subraya el impacto de este tipo de delitos en el transporte público.

Las investigaciones de la Guardia Civil revelaron un método singular utilizado por los detenidos, quienes, gracias a sus conocimientos sobre robos de tendido eléctrico, lograron ejecutar su plan con un 'modus operandi' poco convencional y tecnificado, diseñado para sortear los riesgos de descargas eléctricas.

Como respuesta a esta amenaza, la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia a lo largo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, empleando diversas unidades especializadas, incluidas patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana, así como tecnología avanzada como helicópteros y drones.

El avance de la investigación permitió conectar a los sospechosos con otros delitos similares en la zona, revelando un patrón preocupante entre individuos con antecedentes penales, especializados en crímenes contra el patrimonio.

Con suficientes evidencias que apuntaban a los acusados, la Guardia Civil llevó a cabo registros en las localidades de Orgaz y Sonseca, donde se arrestaron a los sospechosos bajo la acusación de un delito continuado de robo con violencia en las instalaciones ferroviarias.

Durante estas intervenciones, se logró incautar importante material, incluyendo teléfonos móviles, herramientas de corte grandes, un visor de visión nocturna, metros de cable de cobre y también sustancias consideradas estupefacientes, lo que amplía la preocupación sobre las conexiones que estos delincuentes podrían tener con actividades ilícitas más amplias.

La operación ha estado dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y ha contado con el respaldo de diversas unidades operativas, así como la colaboración de Seguridad Ciudadana, evidenciando la importancia de un enfoque coordinado en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito del patrimonio público.