Director de geriátrico de Sevilla podría enfrentar hasta seis años de prisión por ofrecer alimentos caducados y falta de higiene.
El fiscal especializado en Mayores y Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha presentado en el juzgado su escrito de acusación contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La Junta de Andalucía ordenó el cierre de la residencia debido a diversas irregularidades en la atención y cuidados a los mayores, por lo que el fiscal solicita cinco años y nueve meses de prisión por presuntos delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, abandono de personas de especial protección y falsedad en documento público.
El director fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla en junio del año pasado, después de la clausura del centro. El informe de la Fiscalía señala que en el momento de la clausura había 19 residentes, de los cuales ocho presentaban deterioro cognitivo y solo dos personas estaban valoradas por la Ley de Dependencia. Las inspecciones realizadas desde 2018 hasta 2022 revelaron diversas irregularidades, como escasez de alimentos almacenados, alimentos caducados, fuerte olor a orina en los dormitorios y mayor número de residentes de lo permitido. Además, se detectaron incumplimientos en materia de personal, prescripción médica, uso indebido de cinturones de sujeción, falta de formación del personal y carencias en la titulación del director.
Las inspecciones también revelaron incumplimientos en el registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica y control de los menús. Estas irregularidades no fueron subsanadas y condujeron al cierre de la residencia en 2022, según confirmaron los técnicos de la Consejería en su inspección.
El escrito acusatorio del Ministerio Público imputa al director de la residencia 19 delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, por los que se solicitan dos años de prisión. Además, se le acusa de otros 19 delitos de abandono de personas de especial protección, con una petición de tres años y un mes de cárcel, así como un delito de falsedad en documento público, por el que se piden ocho meses más de privación de libertad.
En total, la Fiscalía solicita cinco años y nueve meses de cárcel, junto con una multa por un delito adicional de omisión del deber de socorro y 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones por omisión sobre una persona sometida a guarda en el centro residencial privado.