El alcalde de Roquetas lucha por legalizar un residencial que será demolido por el Supremo.

El alcalde de Roquetas lucha por legalizar un residencial que será demolido por el Supremo.

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, ha manifestado que el ayuntamiento se esforzará al máximo para regularizar la situación del residencial 'Balcón de Golf', cuya demolición ha ordenado el Tribunal Supremo (TS), y ha defendido que la licencia para construir 129 apartamentos se otorgó en 2003 "sin informes desfavorables" por parte de la Junta andaluza.

"Vamos a hacer todo lo posible para no perjudicar a nadie porque los propietarios compraron de buena fe; posiblemente, algunos están incluso pagando todavía y no podemos arruinarlos", ha expresado durante una sesión plenaria en la que se informó sobre la sentencia firme del Supremo, y en la cual los grupos de la oposición han demandado "explicaciones" y la dimisión del alcalde del Partido Popular.

Amat ha afirmado antes de comenzar el debate que el Ayuntamiento "defenderá ferozmente" los intereses de las personas afectadas, a quienes la sentencia reconoce el derecho a ser indemnizadas con cargo a los presupuestos municipales de Roquetas, y ha destacado que lucharán por ello.

"¿Cuántas sentencias se han emitido y no se han ejecutado? No vamos a permitir que arruinemos a tantas personas que han trabajado duro para comprar estas viviendas", ha mencionado, añadiendo que ya se ha reunido con la comunidad de 'Balcón del Golf' para transmitirles la postura del gobierno local.

El alcalde ha criticado la actuación de la Junta, ya que impugnó la licencia de primera ocupación en 2006 "cuando la obra ya estaba terminada y algunas viviendas vendidas", asegurando que los permisos municipales se concedieron "correctamente" y con "todos los informes favorables".

En el pleno, la oposición ha centrado el debate en las consecuencias de la sentencia tanto para los propietarios de los 129 apartamentos, de los cuales el 80% son utilizados como residencia principal, como para las arcas municipales. El primer teniente de alcalde y portavoz, Juan José Rodríguez, ha enmarcado esta disputa administrativa, que ha pasado por dos fases en 2006 y 2015, como una "notable y evidente persecución" hacia "el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente provincial del PP y su familia".

"Estamos hablando de una época en la que, mientras el PSOE era muy fuerte en Andalucía, Gabriel Amat era el único en todas las provincias capaz de ganarles en las urnas. Había un funcionario dedicado exclusivamente a examinar cada uno de los expedientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pidiendo información adicional casi semanalmente", ha afirmado.

Rodríguez ha afirmado que el Ayuntamiento actuó de manera "absolutamente correcta y transparente" en el proceso urbanístico de 'Balcón del Golf', respetando todas las opiniones técnicas requeridas. Además, ha instado a la oposición a buscar a los responsables en la administración autonómica, que aprobó los 129 apartamentos turísticos en 2003.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía para encontrar una solución, pues hay muchas vías jurídicas para respetar la sentencia del Tribunal Supremo y procurar que sea lo menos perjudicial para los propietarios.

Por otro lado, el Partido Socialista (PSOE) ha catalogado el residencial 'Balcón del Golf', que cuenta con una piscina y está destinado a la demolición, como un "pelotazo urbanístico" y una "auténtica aberración". Además, ha destacado que, según el baremo indemnizatorio establecido en la sentencia, la ejecución costará al ayuntamiento unos 17 millones de euros, que representa más del 15% del presupuesto anual normal.

"Esto es muy grave, muy grave, porque el Ayuntamiento está obligado a realizar un informe sobre el valor de los 129 apartamentos, sótano, garaje, piscina y otras construcciones, que nunca será menor al mayor valor catastral, más un 30%, y debe registrar ese monto como garantía mediante la correspondiente modificación presupuestaria", ha indicado el concejal Rafael Jesús Torres.

Torres también ha abordado la "responsabilidad política" y ha instado a Amat a asumir la responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado. "Alguien debe dimitir y queremos saber quién es el responsable, pues alguien debe responder por esta locura que causará un gran perjuicio", ha subrayado.

El PSOE ha resaltado que los afectados por la resolución judicial "no pueden ser los perjudicados" de una gestión deficiente y ha ofrecido la colaboración del grupo municipal para encontrar una solución "a través del acatamiento de las decisiones judiciales".

Por su parte, la concejal de Vox, Soledad Pérez, ha señalado que el ayuntamiento debe ofrecer una "respuesta" a los damnificados que "no sean ellos los culpables de haber obtenido una licencia ilegal". También ha preguntado qué medidas está tomando el gobierno local tras recibir la sentencia del 20 de noviembre.

Además, ha planteado cómo se asignará la partida presupuestaria para las posibles indemnizaciones y si se establecerá un canal para facilitar su reclamación. También ha sugerido si una opción es alcanzar acuerdos con los propietarios o si, por el contrario, se les dejará a su suerte.

También ha intervenido en el plenario el portavoz de Almería Avanza, José Andrés Montoya, quien ha considerado que, independientemente de otros debates, "lo que está claro es que serán los habitantes de Roquetas de Mar quienes paguen" y ha afirmado que si el ayuntamiento sostiene que "no es su culpa", debe "denunciar a la Junta de Andalucía".

"En este momento, nos importa cuánto costará la demolición y cuál será la situación de los afectados, y apoyaremos cualquier medida para aquellas personas que compraron estas viviendas y se quedarán sin hogar durante tanto tiempo", ha manifestado, expresando el deseo de que "ojalá no se lleve a cabo" la demolición del residencial.

Por último, la portavoz de IU-Podemos, Belén Pérez, ha expresado la preocupación de su grupo por el impacto en los residentes de Roquetas de Mar, "quienes cargarán con la decisión política y la mala gestión de Gabriel Amat". Además, ha destacado que IU ha estado denunciando esta actuación irregular desde 2006, recibiendo el silencio como respuesta, como suele ocurrir.

"No se puede jugar a ser Dios cuando está en riesgo el dinero de nuestros vecinos. La aplicación de esta sentencia significa que tendrán que pagar con su propio dinero, y eso no es justo", ha señalado Pérez, exigiendo coherencia y que los concejales que votaron a favor de la licencia municipal ahora declarada nula respondan con su propio patrimonio. "No se puede jugar con el dinero de los habitantes de Roquetas y salir impune", ha concluido.

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