El hotel inacabado en la playa de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, Almería, sigue erguido como un guardián mudo de una historia de especulación urbanística. Este sábado se conmemora el vigésimo aniversario de una decisión judicial que, en su momento, puso un alto inmediato a las obras del polémico establecimiento, en virtud de una medida cautelar que ha perdurado durante dos décadas para preservar el frágil ecosistema del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La lucha por derribar este monumento a la codicia inmobiliaria avanza lentamente, con una expropiación en sus primeras fases y la posible anulación de la licencia que le dio vida, tal como indica el actual alcalde, Salvador Hernández. El llamado "sueño de Carboneras" ha mutado en una "pesadilla" de la que aún no han despertado sus habitantes.

La historia de este hotel se tornó trágica cuando faltaban solo dos meses para su apertura. Un juez, a instancias del grupo ecologista Salvemos Mojácar, ordenó la paralización de las obras, presagiando el laberinto judicial que vendría, con miles de documentos generados y una quincena de sentencias en su estela.

La advertencia de las organizaciones ecologistas, que incluyeron a Greenpeace y Ecologistas en Acción, fue clara: el edificio resplandecía ilegalmente sobre terrenos protegidos, invadiendo la franja de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre. Con el tiempo, los fallos judiciales han validado estas preocupaciones.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio un paso crucial al confirmar que el Ayuntamiento de Carboneras debía revisar su planificación urbana y reconocer la no urbanizabilidad de estos terrenos. Esta declaración asegura que nuevas construcciones quedan prohibidas y que las ya existentes deben detenerse.

A pesar de haber transcurrido más de 3.700 días desde aquella primera paralización, la estructura sigue en pie. Además, está en curso una sentencia importante que exige al Ayuntamiento revisar la licencia que se otorgó a la empresa Azata del Sol, ya que la misma podría contravenir la Ley de Costas.

La Junta de Andalucía ve en esta revisión la única vía significativa hacia la demolición, aunque ha habido críticas sobre tácticas dilatorias en la gestión del Consistorio, que han permitido que la situación continúe estancada durante más de tres años. Azata del Sol ya ha presentado reclamaciones sobre posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de este proceso.

Frente a múltiples presiones, el Ayuntamiento de Carboneras finalmente inició el procedimiento de revisión de la licencia el 11 de julio, aunque se han presentado obstáculos administrativos que han demorado su avance. Greenpeace considera que el expediente ya ha caducado, lo cual obligaría a reiniciar el proceso administrativo desde cero.

Mientras tanto, el Gobierno central ha optado por actuar de forma unilateral en un intento de expropiar los terrenos bajo el hotel, particularmente aquellos que se encuentran bajo el dominio público marítimo-terrestre. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, hizo un llamado a la acción el 12 de febrero, estableciendo un plan que había estimado podría completarse en cinco meses, aunque este ha encontrado su propio camino lleno de complicaciones legales.

A pesar de que el TSJA ha desestimado las solicitudes de Azata para frenar la expropiación, la validez de este procedimiento sigue en la cuerda floja, a la espera de una resolución final. A la vez, un jurado provincial deberá determinar el justo valor de los terrenos en medio de diferencias abismales en las cifras ofrecidas por el Ministerio y lo que la empresa reclama.

El Gobierno, que ha solicitado en repetidas ocasiones la colaboración de la Junta de Andalucía en este proceso, busca asegurar la porción de terreno afectada por la servidumbre de protección, que se estima en alrededor de 16.432 metros cuadrados, mientras que el hotel ocupa, según catastro, un total de 32.654 metros cuadrados.

La situación se mantiene en un punto muerto, atrapada entre intrincadas maniobras legales y cifras multimillonarias, mientras el hotel, uno de los más conocidos del país, aguarda sin abrir sus puertas. La esperanza de muchos reside en que pronto se tome una decisión definitiva sobre su futuro, y finalmente se permita que el paisaje costero de Almería recupere su esplendor natural.