SEVILLA, 27 de noviembre. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado su satisfacción por el reciente nombramiento de Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado. Esta designación fue aprobada de manera unánime por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nieto ha señalado que hubiera sido ideal que dicho nombramiento se hubiese efectuado hace siete años, en vez de los intentos fallidos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez en ese periodo.

Durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Nieto destacó las virtudes de Peramato, subrayando su extensa trayectoria de 35 años en el ámbito de la Fiscalía. Afirmó que su carrera respalda este nuevo puesto y que, si bien Peramato puede tener sus creencias, lo fundamental es que estas no influyan en su labor judicial. Según Nieto, lo prioritario es la legalidad y el cumplimiento de las normas en todas sus decisiones.

Nieto también reconoció los retos que enfrentará la nueva Fiscal General, enfatizando la necesidad de restaurar la dignidad de una Fiscalía que ha sido afectada por diversos escándalos. Resaltó la importancia de recuperar la independencia del Ministerio Público, que juega un papel fundamental en el sistema de justicia.

Estas declaraciones del consejero se producen tras la decisión unánime del CGPJ de considerar a Terasa Peramato una candidata idónea para el cargo, luego de la salida de Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo. En este sentido, el consejo evaluó que García Ortiz no cumplía con los requisitos para continuar en el puesto.

Los vocales del CGPJ, tanto de tendencias progresistas como conservadoras, coincidieron en que Peramato reúne los méritos necesarios para asumir la Fiscal General del Estado. Cabe destacar que el informe del Consejo ha sido favorable hacia la mayoría de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, a excepción de García Ortiz, cuya continuidad fue rechazada en su renovación.

El anterior CGPJ, de inclinación conservadora, fundamentó su rechazo a la continuidad de García Ortiz en una sentencia del Tribunal Supremo. En esa sentencia, se determinó que había incurrido en “desviación de poder” al promover a su predecesora, Dolores Delgado, a la más alta categoría de la carrera fiscal.

Además, el Consejo mostró preocupación por lo que consideró nombramientos discrecionales y su falta de acción ante críticas relacionadas con el manejo de casos en cuestiones políticas, como las acusaciones de 'lawfare' contra fiscales involucrados en el proceso catalán. Estos elementos hicieron que la continuidad de García Ortiz se viera comprometida desde la visión del consejo.