Griñán renunció a la medida después de que la Audiencia de Sevilla paralizara su entrada en la cárcel

Según informa el Tribunal Constitucional (TC), este martes se han rechazado por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete condenados por los ERE para suspender sus penas de prisión. Sin embargo, el TC ha aprobado la renuncia del ex presidente andaluz José Antonio Griñán a dichas medidas, ya que la Audiencia de Sevilla ya había paralizado su entrada en la cárcel.

Del total de doce condenados por los ERE que solicitaron amparo al Constitucional, solo ocho pidieron la medida cautelar: Griñán, Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez.

Griñán desistió de la medida cautelar después de que la Audiencia de Sevilla suspendiera su entrada en la cárcel durante cinco años, argumentando que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece es incompatible con su estancia en un centro penitenciario.

Además de la renuncia de Griñán, el Constitucional también ha aprobado los desistimientos del ex presidente andaluz, quien fue sentenciado a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación.

Por otro lado, los siete restantes se encuentran en prisión excepto Márquez, quien mantuvo la medida cautelar a pesar de que el tribunal sentenciador tomó la misma decisión que con Griñán, tras reducir su pena de prisión a tres años el Tribunal Supremo.

El pasado mes de junio, el TC rechazó las medidas cautelarísimas presentadas por Griñán y los demás condenados, pero admitió a trámite sus recursos de amparo, que ahora seguirán su curso.

Además de Griñán y estos siete condenados, también han recurrido al Constitucional el ex presidente andaluz Manuel Chaves, quien fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrias y Antonio Vicente Lozano.

El Pleno del TC ha respaldado las ponencias redactadas por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, las cuales proponían no conceder las medidas cautelares.

Cabe mencionar que la corte de garantías no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, debido a que se trata de condenas "graves".

El TC explica en un comunicado que los magistrados aplican la "abundante jurisprudencia" del tribunal, ya que se trata de una pena de prisión netamente superior a los cinco años y las razones presentadas por los demandantes de amparo no hacen desaparecer el cualificado interés general que representa la ejecución de la condena firme.

Además de la gravedad de la pena, el Pleno ha tenido en cuenta la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados, los cuales se cometieron a lo largo de un extenso periodo de tiempo y afectaron a toda una comunidad autónoma.