SEVILLA, 13 de noviembre. La situación en el ámbito de la salud pública en Andalucía ha alcanzado un punto crítico tras las revelaciones sobre importantes fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha hecho público este jueves que el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, está trabajando en la recopilación de la información necesaria para iniciar una investigación exhaustiva.

Maeztu realizó estas declaraciones durante un evento en Sevilla, en colaboración con Save The Children. En un contexto donde la "alarma social es considerable", el Defensor enfatizó la necesidad de que la Administración autonómica proporcione "datos fiables" en lugar de información "no verificada". La institución ya había manifestado su "consternación" y preocupación profunda sobre el impacto de esta situación en la vida de miles de mujeres que se han sometido al programa.

Es particularmente preocupante, según Maeztu, que nunca en tres décadas de funcionamiento del programa se haya visto la necesidad de llevar a cabo una investigación general sobre estos fallos, en contraposición a los casos aislados que se habían tratado anteriormente. La magnitud de la problemática ha llevado al defensor a afirmar que "existen razones suficientes" para investigar, dada la excitación social y la clara necesidad de reparar posibles daños.

La situación se ha agravado tras las denuncias de mujeres afectadas y las declaraciones de la asociación Amama, además de la confirmación por parte de la Consejería de Salud de que al menos 2.317 mujeres no han sido informadas de sus resultados de mamografías, habiendo recibido diagnósticos no claros. Esta falta de comunicación puede poner en riesgo su salud y bienestar, exacerbando una crisis ya de por sí compleja.

"Dedicaré el tiempo que me queda a restaurar derechos que han sido vulnerados", declaró un conmocionado Maeztu, quien está determinado a abordar el dolor y sufrimiento que esta situación ha provocado. Asegura que si no actúa, estaría sordamente ignorando el sufrimiento que se ha presentado en este caso, que considera uno de los más significativos en la historia de la Defensoría.

La institución resalta "especialmente grave" que muchas mujeres, cuyas pruebas muestran resultados inciertos, no hayan recibido seguimiento ni informaciones sobre su estado. Esta ausencia de comunicación no solo afecta sus derechos, sino que podría suponer una pérdida de oportunidades en sus tratamientos y cuidados médicos.

El Defensor del Pueblo Andaluz insiste en que los pacientes tienen derecho a conocer los resultados de sus diagnósticos, amparados por la Constitución y la legislación andaluza. La falta de información no solo crea incertidumbre, sino que también puede acarrear consecuencias graves y daños que se podrían evitar.

Como parte de esta investigación, la Defensoría ha solicitado a la Consejería de Sanidad y al Servicio Andaluz de Salud información específica en varios aspectos. En primer lugar, quiere aclarar por qué ciertos resultados del programa no han sido comunicados a las afectadas.

Asimismo, busca entender si estas omisiones obedecen a protocolos definidos o a criterios internos, y si esta práctica es generalizada en toda la red pública de salud o limitada a algunos centros, además del número de mujeres que han padecido situaciones de incertidumbre debido a falsos positivos o resultados no comunicables.

En una segunda fase, el Defensor espera datos sobre la atención brindada a mujeres con resultados ambiguos, incluyendo detalles sobre la capacidad de los servicios de radiodiagnóstico en hospitales públicos, así como cuántas mujeres aún necesitan completar su diagnóstico.

Finalmente, la tercera área de información requerida se centra en la gestión y evaluación del programa de detección precoz en sí. Se busca saber si existen mecanismos para revisar y actualizar los resultados y procedimientos desde 2022, así como cualquier mejora implementada y su impacto en la atención a la salud de las mujeres.

Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo solicita acceder a los informes de evaluación y a los indicadores que se han registrado, así como a las actividades de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales, para entender mejor el funcionamiento del programa y su cumplimiento normativo.