En Sevilla, el magistrado José Ignacio Vilaplana, encargado del Juzgado de Instrucción número 6, ha decidido proseguir con las investigaciones en torno a la pieza separada de la macrocausa relacionada con los cursos de formación. Esta decisión afecta directamente al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco, quien se enfrenta a graves acusaciones junto a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

Según el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha determinado que es necesario continuar con el procedimiento penal, a la luz de los posibles delitos que podrían haber sido perpetrados, tales como la prevaricación administrativa, la falsedad documental y la malversación de fondos públicos.

El foco de la investigación no solo recae sobre Velasco, sino también sobre varios miembros de su familia y asociados. Entre los imputados se encuentran su esposa A.M.L., administradora de la empresa Aulacen 5; su cuñada R.M.L., evaluadora de los cursos de formación subvencionados; y otra cuñada, I.M.L., quien también ha ejercido como docente en estos programas. Además, un hermano de Velasco, P.V.S., aparece en calidad de formador en estos cursos.

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo, ya cuenta con un historial complicado, habiendo sido previamente condenado por los delitos de prevaricación y malversación en el contexto de la investigación sobre los ERE y la concesión de ayudas de forma arbitraria. La situación de Fernández ha variado recientemente, ya que el Tribunal Constitucional ha admitido su recurso de amparo, lo que ha provocado la anulación de su condena y la instrucción a la Audiencia de Sevilla de emitir un nuevo fallo sobre su caso.

La lista de acusados se extiende a otros altos funcionarios de la Junta, incluyendo a los exdirectores generales de Formación, María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García. También se incluye a A.S.F., quien lidera el Servicio de Gestión y Programación, todos ellos acusados de responsabilidades penales en el escándalo. Además, la empresa Aulacen Cinco S.L. ha sido designada como responsable civil subsidiario en este entramado.