24h Andalucía.

24h Andalucía.

El fiscal revela conexiones sospechosas del chófer de los ERE con actividades ilícitas

El fiscal revela conexiones sospechosas del chófer de los ERE con actividades ilícitas

La Audiencia de Sevilla ha concluido el juicio por la pieza separada de los ERE fraudulentos, específicamente relacionado con las ayudas otorgadas por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo. Durante el juicio, el fiscal ha afirmado que Trujillo era la "caja pagadora de la coca, copas y antigüedades" de su jefe.

En esta última sesión del juicio, se han presentado las conclusiones y los informes finales de las partes involucradas, incluyendo la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones, así como las defensas de los acusados: Juan Francisco Trujillo, Isidoro Ruz Espigares, Antonio Albarracín y Juana Gallego.

Trujillo ha ratificado sus declaraciones en las que admitió haber utilizado parte de las ayudas, valoradas en 1,5 millones de euros, para comprar objetos personales para Guerrero, como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa. Además, el fiscal ha presentado testimonios que corroboran el uso de los fondos públicos para la compra de cocaína.

Testimonios de un agente policial y un conocido de Guerrero han revelado que Trujillo recurrió a ellos para comprar cantidades de cocaína. El acusado pagaba con billetes de 500 euros e incluso llegó a ofrecer dinero a su conocido para que viajara a Sudamérica a comprar droga.

El fiscal ha argumentado que Trujillo utilizó los fondos públicos de manera indebida para pagar gastos personales y realizar inversiones especulativas en terrenos. Además, actuó como una "mera caja pagadora" para beneficio de Guerrero, facilitándole cocaína, objetos suntuosos y productos tecnológicos.

El fiscal también ha resaltado la desviación de 125.000 euros de la póliza de seguro de rentas correspondiente al ERE de la empresa Hitemasa, a favor de la madre de Trujillo. Según la Fiscalía, Trujillo falsificó la firma de su madre para retirar los fondos y utilizarlos para los mismos fines.

En cuanto a las defensas de los otros acusados, el fiscal ha rechazado la afirmación de Ruz Espigares de que desconocía la operativa de las ayudas, teniendo en cuenta su experiencia en la gestión de una empresa hotelera. Además, no se ha podido comprobar la devolución de los fondos por parte de la esposa de Trujillo, a pesar de su afirmación en el juicio.

En su escrito inicial de acusación, el fiscal solicitaba una condena de 14 años de prisión para Trujillo, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros. Sin embargo, debido a las dilaciones indebidas en el caso, el fiscal ha modificado sus peticiones y ahora solicita diez años y tres meses de prisión para Trujillo, así como diversas penas de inhabilitación y la misma indemnización a favor de la Junta.