El Gobierno andaluz anticipa su reunión semanal y definirá apoyos para municipios afectados por las borrascas.
SEVILLA, 29 de marzo. En un movimiento sorprendente, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha decidido adelantar su reunión habitual de los miércoles a este lunes, 30 de marzo, para abordar varios temas críticos, entre ellos, la asignación de ayudas a los municipios que han enfrentado los estragos del 'tren de borrascas' que afectó la región durante el invierno pasado.
En esta reunión, se espera que se apruebe el acuerdo que establecerá las cantidades máximas de apoyo económico que recibirán cada municipio y entidad local autónoma, en respuesta a la extraordinaria situación declarada el 18 de febrero de 2026. Esto se debe a las graves consecuencias que ha tenido el impacto de múltiples borrascas en la comunidad andaluza desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero de 2026.
Según el orden del día del Consejo de Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, otros puntos de interés incluyen la discusión sobre la oferta de Formación Profesional en el sistema educativo para el próximo curso 2026-2027, así como la representación de la Junta de Andalucía en los comités de la Comisión Europea entre 2026 y 2029.
Asimismo, durante la reunión se asignará a la Unidad Aceleradora de Proyectos el nuevo centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla, el cual pertenece a la empresa Negocios Raiseber, S.L. También se discutirá el avance de los planes específicos de actuación para las instalaciones mineras 'Los Frailes' y 'Cobre las Cruces' en Sevilla, en línea con el Decreto 15/2026, que busca maximizar el impacto económico y social de la minería sostenible en Andalucía.
Además, el ejecutivo andaluz tiene previsto extender los plazos para varios procedimientos administrativos que están siendo gestionados por la Junta. También se autorizará la firma de un convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Diputación Provincial de Málaga, destinado a la construcción de una nueva sede para el partido judicial de Torremolinos, que supondrá una inversión que supera los 10 millones de euros, IVA incluido.