En Sevilla, el 7 de mayo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha liderado la reunión de la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), donde se ha aprobado un presupuesto de 194,82 millones de euros para el periodo 2024-2025. Este presupuesto será utilizado para cubrir los costos salariales de los trabajadores del programa, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, manteniendo la misma cifra que en el periodo anterior.
El encuentro, que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Andalucía, también ha sido utilizado para hacer un seguimiento del PFEA actual, que abarca las obras realizadas entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, con un total de 1.816 actuaciones. Estas intervenciones están contribuyendo a mantener a la población en sus comunidades, garantizando ingresos dignos a través de contratos de obras que se están llevando a cabo en prácticamente todos los municipios de Andalucía.
En un comunicado, Fernández ha destacado la importancia de este Programa para el crecimiento económico de Andalucía, recordando que tiene su origen en el Plan de Empleo Rural, que ha evitado que la población abandone las zonas rurales y ha mejorado la calidad de vida en estos entornos.
El PFEA se encarga de llevar a cabo proyectos de interés social y general, así como iniciativas de inversión de diversas administraciones públicas, mediante la contratación de trabajadores desempleados, mayoritariamente eventuales agrarios. Además del presupuesto aprobado, se sumarán las contribuciones del resto de las administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para la adquisición de materiales.
La asignación de fondos se ha realizado considerando la demanda y oferta de empleo en el sector agrario, teniendo en cuenta los créditos asignados en años anteriores. Una vez aprobado el presupuesto, serán los subdelegados quienes convocarán las comisiones provinciales para que los municipios puedan presentar sus proyectos para el periodo 2024-2025, siendo las administraciones locales las encargadas de determinar las actividades que generarán empleo en sus comunidades en consulta con los interlocutores sociales.
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