24h Andalucía.

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El Gobierno de la Junta de Andalucía auditará la contratación de emergencia del SAS.

El Gobierno de la Junta de Andalucía auditará la contratación de emergencia del SAS.

El Gobierno andaluz ha decidido aplicar un control financiero permanente a la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según lo acordado en la reunión del Consejo de Gobierno el pasado 14 de mayo. Esta medida también se extenderá a los centros de gasto periférico del SAS.

Según la Memoria de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, la contratación de emergencia del SAS ascendió a 604,77 millones de euros en los ejercicios 2021 y 2022. De esta cantidad, 453 millones corresponden al año 2021 y 151,71 millones al 2022.

El control financiero permanente implica la realización de cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas, tal como se detalla en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

En lugar del control financiero permanente, se podría ejecutar un control previo mediante la fiscalización previa, los informes previos de las modificaciones presupuestarias y la comprobación material del gasto.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía establece que estas medidas comenzarán a tener efecto indefinido desde la fecha de adopción por el Consejo de Gobierno.

La Ley de Contratos del Sector Público permitió la tramitación de emergencia para hacer frente a las necesidades provocadas por la pandemia de COVID-19, representando un 77,63% del gasto de contratación del SAS en 2021 y un 30,76% en 2022, de acuerdo con la Memoria de Contratación.

El informe destaca la importancia del Servicio Andaluz de Salud en el gasto total de la Administración autonómica, formalizando el mayor número de contratos y comprometiendo el mayor gasto en 2022.

El control financiero permanente, en el marco de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, tiene como objetivo verificar que la gestión económico-financiera de un organismo público se ajusta a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera.

Los cuatro procedimientos que conforman el control financiero permanente incluyen auditorías de cumplimiento, financieras, operativas y de programas, para asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos.

La Ley también establece que el control financiero permanente se aplique a diversas entidades, entre ellas el Servicio Andaluz de Empleo, las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público, los consorcios, entre otros.

La contratación de emergencia ha generado controversia política, con críticas del PSOE hacia el Gobierno andaluz y demandas de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía.

Por último, se incluyen otras áreas sujetas al control financiero permanente, como los gastos de indemnizaciones por razón del servicio y los expedientes de la Renta Mínima de Inserción Social, entre otros.