El Gobierno de España ha dado luz verde a un ambicioso Real Decreto Ley que destina más de 7.000 millones de euros en ayudas a las comunidades afectadas por las recientes borrascas en Extremadura y Andalucía. Este anuncio fue realizado por María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Esta iniciativa se añade a la declaración de emergencia de protección civil que se aprobó el pasado 10 de febrero, lo que resalta la magnitud de los daños causados. Montero destacó que estos recursos están diseñados no solo para reparar los destrozos en los municipios, sino también para ayudar a las más de 12.400 personas que han tenido que ser desalojadas, así como para restaurar el equilibrio en sectores vitales como la vivienda, el comercio y la agricultura.

La ministra enfatizó la importancia de mirar hacia el futuro al afirmar que el objetivo es facilitar la reconstrucción de las áreas y las infraestructuras que han sufrido un mayor impacto. Montero ofreció un mensaje de esperanza a los damnificados, comprometiéndose a poner en marcha todos los recursos necesarios para reconstruir sus comunidades.

A pesar de que las ayudas se aprueben ahora, aseguró que el Gobierno seguirá atento a la situación, considerando posibles daños que puedan ser revelados en el futuro a medida que se realicen los peritajes. Las primeras ayudas dirigidas a las familias afectadas incluirán compensaciones directas de 150 euros por persona y día para aquellos que han tenido que abandonar sus hogares, convirtiéndose potencialmente en una inyección de 6.000 euros para una familia de cuatro miembros que haya estado diez días fuera de su vivienda.

Estas ayudas, que tendrán efecto retroactivo, estarán exentas de impuestos tanto para personas físicas como para empresas, lo que favorecerá aún más a los afectados. Además, se destaca que los ayuntamientos recibirán una inyección total de 2.000 millones de euros para la reparación de infraestructuras afectadas, con la ventaja de que este importe no tendrá que ser reembolsado.

El Gobierno garantizará la financiación del 100% de los daños en los municipios afectados y permitirá el uso de superávit para invertir en reparaciones relacionadas con la borrasca. También se planean flexibilizar las normas de gasto para comunidades autónomas y entidades locales y se habilitará un Plan de Empleo de 50 millones de euros para proporcionar apoyo a los ayuntamientos en crisis.

En el ámbito fiscal, se establecerán exenciones del IBI y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas específicas para 2026, orientadas a ayudar a aquellos con propiedades dañadas. Montero aseguró que esto generará un ahorro significativo para contribuyentes que podría superar los 350 millones de euros.

El paquete de ayudas también considera el apoyo a la seguridad social, brindando prestaciones a autónomos y empleadores afectados, y facilitando la moratoria en el pago de sus cuotas. Esto incluye la protección del desempleo para el personal doméstico y la reducción de las jornadas cotizadas requeridas para acceder a subsidios de desempleo en el sector agrícola.

El sector agrícola y pesquero recibirá más de 2.100 millones de euros en ayudas directas, además de un soporte adicional de 10 millones para los armadores de buques de pesca en regiones severamente impactadas. También se destinarán recursos para la reparación de caminos rurales y vías estatales afectadas por las tormentas.

Finalmente, el comercio y la hostelería se beneficiarán de subvenciones de 120 millones de euros, junto con líneas de financiación para mitigar los daños agrícolas. Durante su intervención, Montero hizo un llamado a un Pacto por el Cambio Climático, instando a todos los partidos, en especial al Partido Popular, a unirse para abordar los desafíos derivados de este fenómeno global que impacta de manera tangible en situaciones como la actual.