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El Gobierno destina siete millones a combatir la violencia de género en Andalucía

El Gobierno destina siete millones a combatir la violencia de género en Andalucía

En una decisión histórica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado la asignación de 6,84 millones de euros a las 785 entidades locales de Andalucía para combatir la violencia de género, incluida la violencia sexual. Estos fondos provienen del Pacto de Estado en materia de violencia de género y buscan reforzar las medidas de prevención, detección, atención y protección integral.

Esta importante partida, que forma parte de un total de 40 millones de euros a nivel nacional, deberá ser utilizada para programas que erradiquen la violencia machista durante un período de un año. El gobierno ha asegurado que el dinero se entregará en un único pago tras su publicación en el BOE.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la importancia de este apoyo económico para que los ayuntamientos puedan desarrollar materiales, campañas y protocolos que fomenten la igualdad y garanticen la seguridad de las mujeres. Además, se busca dotar a los municipios de recursos para la información sobre violencia sexual y cualquier otra medida necesaria para erradicar el machismo.

Fernández ha subrayado el compromiso del Gobierno para colaborar con las administraciones locales en la lucha contra la violencia de género. La financiación proporcionada tiene como objetivo establecer una respuesta interinstitucional eficaz y coordinada para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de violencia machista.

"Es fundamental que trabajemos juntos para erradicar el machismo en nuestro país", ha destacado Fernández. En Andalucía, 258 municipios se han unido al Sistema VioGén, lo que demuestra un compromiso sólido con la igualdad y la protección de las mujeres contra la violencia de género.

Gracias a los convenios entre los ayuntamientos y el Ministerio del Interior, se ha fortalecido la colaboración entre la Policía Local y las fuerzas de seguridad del Estado para prevenir y proteger a las víctimas. En última instancia, se busca condenar a los agresores y proporcionar un apoyo sólido a las víctimas de violencia de género.