24h Andalucía.

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El Gobierno podría transferir competencias ferroviarias a Andalucía si así lo solicita oficialmente.

El Gobierno podría transferir competencias ferroviarias a Andalucía si así lo solicita oficialmente.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Sevilla ha informado que no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de la comunidad autónoma de Andalucía para el inicio de la tramitación de nuevos traspasos en materia de competencias ferroviarias. Sin embargo, el Gobierno de España ha expresado su disposición para abordar este asunto de manera conjunta con la administración autonómica.

Estas ideas se desprenden de una respuesta por escrito del Gobierno a preguntas de diputados de Sumar sobre la posibilidad de que la administración central pueda transferir a la Junta de Andalucía competencias en materia ferroviaria, según lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía andaluz. Este artículo determina que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre la red viaria de Andalucía, que incluye ferrocarriles, carreteras y caminos, así como cualquier otra vía que se encuentre íntegramente en territorio andaluz.

El Gobierno reconoce que la comunidad autónoma andaluza también tiene competencia sobre los transportes terrestres de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, cable, u otros medios cuyo recorrido sea exclusivamente en territorio andaluz, independientemente de la titularidad de la infraestructura. Esto ha sido confirmado en la respuesta del Gobierno a las preguntas de Sumar, consultada por Europa Press.

En junio, los diputados Enrique Santiago, Engracia Rivera, Francisco Sierra, Toni Valero y Félix Alonso cuestionaron al Gobierno sobre si habían recibido alguna comunicación del Ejecutivo andaluz para iniciar la negociación del traspaso de competencias en materia de ferrocarriles conforme al artículo 64 del Estatuto de Autonomía. También preguntaron si el Gobierno central tenía previsto tomar la iniciativa en caso de que el Ejecutivo andaluz no hubiera solicitado la negociación.

La respuesta del Gobierno a estas preguntas se ha publicado este pasado lunes en el boletín del Congreso y data del 23 de septiembre. Este acontecimiento coincide con el debate de una proposición no de ley del Grupo Popular en el Parlamento andaluz que insta al Gobierno central a iniciar estudios y presentar un calendario para la eventual cesión de competencias sobre las líneas férreas en territorio andaluz, sujeta a una inversión previa en la mejora de la red.

En su respuesta a Sumar, el Gobierno reconoce que la comunidad autónoma de Andalucía puede solicitar al Estado el traspaso de funciones y servicios, pero esto debe realizarse a través de un proceso de negociación que concluya con un acuerdo mutuo. El Gobierno destaca que no puede establecer unilateralmente un calendario, contenido o previsiones sobre las materias a transferir.

El Gobierno distingue entre la infraestructura ferroviaria y el transporte que opera en ella, señalando que la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre ferrocarriles y transportes terrestres que atraviesen el territorio de más de una comunidad autónoma. Por otro lado, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre ferrocarriles y carreteras cuyo trayecto sea exclusivo en su territorio, según la Constitución.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía andaluz reformado en 2007, la comunidad tiene competencia exclusiva sobre la red viaria que incluye ferrocarriles, carreteras y caminos, así como sobre los transportes terrestres de personas y mercancías en su totalidad. A través del Real Decreto 698/1979, el Gobierno ya transfirió a la Junta de Andalucía funciones y servicios en materia de transporte por ferrocarril.

El Gobierno expresa su disposición a abordar con la Comunidad Autónoma de Andalucía los traspasos de funciones y servicios que sean procedentes, culminándolos mediante acuerdos dentro de la Comisión mixta de transferencias. La decisión sobre estos traspasos y calendarios de trabajo corresponde al Estado de manera conjunta con cada Comunidad Autónoma, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes sectoriales.