ALMERÍA, 25 de noviembre. En un giro alarmante en la política local, la investigación judicial sobre un presunto esquema de cobro de comisiones en la Diputación de Almería apunta a la implicación directa de varios ex altos cargos, entre ellos el expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente Fernando Giménez. Este último es señalado como el arquitecto detrás de un contrato por más de dos millones de euros destinado a la compra de mascarillas y otros materiales sanitarios, del que habrían obtenido un beneficio ilícito de 945.327 euros.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado registros en las instalaciones de la Diputación, así como en los domicilios y empresas conectadas a los investigados, que incluyen al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo, así como un funcionario de la Diputación, evidenciando la amplitud del presunto entramado corrupto.

Este caso se centra en un contrato adjudicado en abril de 2020, durante el pico de la pandemia de COVID-19, lo que añade una capa de gravedad a las acusaciones. La investigación revela que García, Giménez y otro implicado, Óscar Liria, utilizaron un lenguaje codificado en sus comunicaciones, lo que llevó al juez a investigar más a fondo sus intercambios a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘Naranjito’.

La acusación incluye pruebas de que estos individuos discutían asuntos relacionados con la adjudicación de contratos en términos que el juez describe como "encriptados". Por ejemplo, Liria preguntaba a García sobre "el orden del día" de una junta de gobierno, a lo que García respondía que esperaba "ir al dentista", lo que a la luz de la investigación sugiere que estos diálogos eran realmente sobre la gestión de contratos públicos.

El abogado del caso ha documentado varias instancias donde un lenguaje relacionado con la odontología era usado de forma recurrente y aparentemente fuera de lugar, insinuando un codificado sistema de 'mordidas' mediante frases que complicarían la interpretación de los diálogos como simples conversaciones banales sobre salud dental.

Entre las pruebas presentadas, el juez identifica un "indicio demoledor" que subraya la gravedad de la situación: justo tras la firma del contrato de compra de material sanitario, García envió un emoticono de un diente al grupo de WhatsApp, lo que podría ser interpretado como un guiño a la dilación o el éxito de la operación. Esta comunicación se produjo solo minutos después de formalizar el trato.

El contrato en cuestión fue firmado con Azor Corporate Ibérica, relacionado con el detenido Kilian López, y se estima que implicó un sobrecoste del 42,27 por ciento. La investigación sugiere que Giménez promovió esta contratación “sin publicidad” a una empresa que carecía de la especialización necesaria, generando serias preocupaciones sobre la transparencia del proceso.

Más allá de las irregularidades en la contratación, el examen de las finanzas personales de García revela transacciones sospechosas en efectivo, lo que a su vez podría indicar un intento de blanquear dinero proveniente de fuentes ilícitas. El uso de una cuenta bancaria a nombre de su hermana ha sido interpretado como una forma de ocultar el origen de estos fondos y complicar su rastreo.

Adicionalmente, el juez ha observado patrones de comportamiento financiero que podrían implicar otros delitos, incluyendo la compra de propiedades de manera poco clara y el uso dudoso de empresas pantalla en la gestión de contratos públicos, toda una aparente red que facilita la corrupción a gran escala en la administración pública.

Las evidencias apuntan a que el contrato de material sanitario no fue un incidente aislado, sino un claro ejemplo de un sistema corrupto que se había establecido para alterar los procesos de adjudicación de contratos. La investigación sigue profundizando en el papel de Liria, quien se asoció con Pulconal apenas cuatro meses después de asumir su cargo, así como en las empresas que lograron contratos de manera cuestionable.

En un contexto donde la administración pública debe ser sinónimo de transparencia y honestidad, estos desenlaces subrayan la necesidad urgente de reformar y vigilar los procesos de contratación pública. El escándalo en Almería resalta la fragilidad de los sistemas administrativos que, lejos de servir al bien común, pueden ser manipulados para el enriquecimiento personal.