ALMERÍA, 2 de diciembre.

En un giro significativo en la investigación del caso de las 'Mascarillas', el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, bajo la dirección del juez José Manuel Rey Bellot, asumirá la responsabilidad de desentrañar las supuestas irregularidades relacionadas con el cobro de comisiones a través de contratos sospechosos en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

Según han confirmado fuentes del ámbito judicial a Europa Press, la decisión de asignar este caso a Rey Bellot se llevó a cabo tras el análisis de la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, que consideró "justificada" la solicitud de abstención presentada por la jueza María Belén López, quien se apartó del asunto debido a una “amistad íntima” con algunas de las personas implicadas.

Rey Bellot, quien ya se encargó de otro relevante caso en el que el exvicepresidente socialista de la Diputación, Luis Pérez, fue condenado a cinco años y seis meses de inhabilitación, ahora se enfrenta a una nueva y compleja investigación. Pérez, actualmente cumpliendo una pena de siete años y diez meses por el escándalo de las 'Facturas', reconoció ante el tribunal haber participado en la adjudicación de contratos de publicidad sin formalismos.

Aunque será el juez de Instrucción número 6 quien lleve el liderazgo en este nuevo proceso, la causa de las 'Mascarillas' permanecerá formalmente adscrita al Juzgado de Instrucción número 1. La Audiencia de Almería ha dado instrucciones claras a la juez que se ha apartado, incluyendo la necesidad de emitir una resolución formal que oficialice su abstención y la transferencia del caso al juez reemplazante, así como notificar a las partes involucradas.

Tras su reciente reincorporación después de una baja médica, la magistrada había estado a la espera de las decisiones del juez de adscripción territorial, Eduardo Martínez Gamero, quien lideró registros en la Diputación de Almería y en los domicilios de figuras clave como el expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez.

Estos operativos, llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), resultaron en la detención de estos dos políticos, junto con el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo, y un funcionario de la Diputación, lo que ha añadido más presión sobre el entramado político local.

A pesar de que las actividades en torno al caso han sido suspendidas temporalmente —impidiendo que la jueza tome decisiones—, las diligencias ordenadas por Martínez Gamero continúan avanzando. Este juez había autorizado el registro y la recopilación de información de dispositivos electrónicos el 18 de noviembre, poniendo en marcha una serie de acciones investigativas cruciales.

La judicialización de este caso, originalmente iniciado por un tribunal de Barcelona en 2022, ha tomado un nuevo rumbo con la reanudación de funciones de la jueza, quien, según diversas fuentes, tiene conexiones distantes con el expresidente del PP de Almería, lo que podría añadir otra capa de complejidad a la situación actual.