El próximo miércoles, 26 de noviembre, el Parlamento de Andalucía se reunirá en pleno para discutir una propuesta que busca restablecer los estándares de calidad en el sistema de salud pública de la región. Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, pretende abordar el preocupante deterioro que ha sufrido la sanidad pública andaluza desde 2019, año en el que Juanma Moreno asumió la presidencia de la Junta. Sorprendentemente, el Gobierno del PP-A no ha expresado su postura sobre la tramitación de esta propuesta hasta el momento.

La propuesta será parte del orden del día de un pleno que se llevará a cabo en tres jornadas, en lugar de las dos habituales, y comenzará a las 16:00 horas con el análisis de dos proyectos de ley relacionados con la promoción de producciones agrícolas y el fortalecimiento de los Agentes de Medio Ambiente en Andalucía. Posteriormente, se abordará la ILP que busca recuperar la calidad de la sanidad pública en la comunidad autónoma.

Los promotores de esta iniciativa enfatizan que, desde la llegada del actual presidente, se ha acentuado el deterioro del sistema sanitario. Aseguran que la gestión pública ha tendido hacia un modelo que favorece la colaboración público-privada, lo que ha resultado en una gradual reducción de la sanidad pública y un incremento del sector privado, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía.

En la exposición de motivos de la ILP, se resaltan las consecuencias de estas políticas privatizadoras, como el alarmante aumento en las listas de espera tanto para diagnósticos como para intervenciones quirúrgicas. La propuesta legislativa busca revertir esta situación mediante la modificación de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, introduciendo nuevos enfoques que garantizan la calidad y accesibilidad del sistema.

Entre las modificaciones propuestas se incluyen mecanismos de control social sobre las decisiones administrativas en sanidad, el desarrollo de recursos propios para asegurar una atención adecuada y una regulación más estricta del papel del sector privado en la sanidad pública. Así, se busca restablecer un sistema sanitario que se enfoque en el bienestar de la ciudadanía en lugar de maximizar beneficios económicos.

La ILP también plantea que la Ley de Salud de Andalucía establezca criterios específicos para la atención primaria, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a asistencia sanitaria dentro de un plazo de 48 horas. Además, propone que las listas de espera en hospitales para consultas y cirugías no excedan los 30 y 60 días, respectivamente, garantizando un acceso ágil y de calidad a los servicios esenciales.

Por último, se sugiere que la nueva normativa declare que el régimen de conciertos con el sector privado no podrá coexistir con subvenciones públicas destinadas a financiar actividades relacionadas. La Consejería de Salud, según esta ILP, deberá implementar auditorías para asegurar la calidad y equidad en el acceso a servicios financiados con recursos públicos, lo que podría marcar un cambio significativo en la gestión sanitaria de Andalucía.