SEVILLA, 2 de diciembre. En un debate acalorado, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este martes a la controvertida Ley de Vivienda de Andalucía, un proyecto que había sido presentado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de septiembre.

La norma ha sido respaldada exclusivamente por el Grupo Popular, mientras que Vox, así como los partidos de la oposición de izquierda —el PSOE, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía— han manifestado su rechazo. Cabe recordar que el 8 de octubre el Pleno también desestimó las enmiendas a la totalidad que propusieron estos mismos grupos.

El texto legislativo, compuesto por 117 artículos distribuidos en ocho títulos, incluye además siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho finales.

Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, defendió al cierre del debate que el texto final es producto de un proceso de escucha y diálogo, al afirmar que "hoy se somete a votación un texto mejorado".

Según el Gobierno andaluz, esta ley busca "poner a disposición todos los recursos para facilitar suelo" y enfatiza que la política de vivienda no debería convertirse en un "campo de batalla ideológico", afirmando que se trata de un "derecho fundamental".

La iniciativa introduce la creación de una Comisión de Coordinación enfocada en abordar los desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal, un elemento crucial para su implementación efectiva.

Un aspecto destacado de la ley son las áreas prioritarias, donde se concentrarán los recursos administrativos para ofrecer ayudas al alquiler, incentivos a la compra y apoyo a la construcción de viviendas nuevas o a la rehabilitación de las existentes.

Con la intención de ampliar la oferta de viviendas asequibles, el Gobierno andaluz ha enfatizado la necesidad de colaboración público-privada, manifestando su compromiso con la creación de un parque residencial accesible.

La nueva legislación también plantea un inventario único de viviendas públicas, abarcando propiedades de la Junta, de ayuntamientos y de promotores privados, con el objetivo de mejorar la gestión del parque residencial.

Una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda se establecerá para promover la industrialización en la construcción de viviendas y se buscará rehabilitar barrios y erradicar la infravivienda.

Asimismo, se propone un uso adecuado del parque residencial para prevenir la ocupación ilegal y proteger a los más vulnerables, incluyendo asesoría sobre desahucios y ocupaciones.

La ley incorpora varias medidas urgentes de un decreto ley ya vigente, aunque excluye aquellas de naturaleza temporal, como el aumento de densidad y edificabilidad en parcelas con compromisos de protección.

En cumplimiento del Decreto-ley 1/2025, se plantea un futuro en que se puedan construir viviendas asequibles a partir de bolsa de suelos de municipios de más de 100,000 habitantes. Actualmente, hay 49 municipios dispuestos a cambiar el uso del suelo para facilitar la construcción de viviendas protegidas, lo que potencialmente podría generar casi 40,000 nuevas unidades.

Además, este decreto establece un plazo de un año, que culmina en febrero de 2026, para que los municipios interesados puedan acogerse a este cambio de uso en parcelas urbanizadas destinadas a vivienda.

De manera progresiva, la Junta de Andalucía ha resaltado su intención de simplificar la administración mediante la derogación de cuatro leyes existentes relacionadas con la vivienda.

Antonio Saldaña, diputado del PP, expresó la "sensación dulce" tras el debate, manifestando que se había "disfrutado de la mejor política" y criticando a la oposición por perder la oportunidad de participar en una solución para el futuro de Andalucía.

En contraste, la diputada socialista Verónica Pérez alertó sobre el "paradigma" de que, a pesar de que la vivienda es un derecho, se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos andaluces, resaltando que los precios han alcanzado cifras récords en la región.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ricardo López Olea, cuestionó la efectividad de la ley, señalando que no se alinea con sus propuestas y criticando la gestión del PP en los últimos siete años, alegando que la norma no abordará los problemas reales de vivienda en Andalucía.

José Manuel Gómez Jurado, del Grupo Por Andalucía, consideró que la aprobación de la ley marca "el final de un despropósito", argumentando que refuerza una política de vivienda desastrosa que no beneficia a los inquilinos.

Finalmente, José Ignacio García, portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, concluyó que la nueva ley representa un error político que no trae innovaciones significativas y profundiza en un modelo que ha generado serios problemas en el sector de la vivienda en Andalucía y en el resto del Estado.